Bogotá D.C.

Caracol Radio conoció que desde hace un año la Fiscalía General de la Nación, presuntamente, tendría engavetada una investigación contra dos altos oficiales de la Policía Nacional por el delito de tráfico de influencias.

Según un auto de la Justicia Penal Militar, el 5 de diciembre de 2022 fue remitido al ente acusador documentos y testimonios que hacen parte del expediente en el cual son involucrados los altos oficiales.

Se trata de los generales José Luis Ramírez Hinestroza, actual jefe de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), y Sandra Patricia Pinzón Camargo, directora de Sanidad Policial.

El caso

Los hechos que son materia de investigación ocurrieron el 3 de diciembre de 2021 y están relacionados con presuntas irregularidades en la elaboración de la lista de coroneles que fueron escogidos para ascender al grado de general.

Resulta que la Policía Nacional había revelado los nombres de ocho uniformados, sin embargo, de manera sorpresiva y 10 horas después de la publicación oficial, los seleccionados ascendieron a doce por instrucciones del Gobierno del expresidente Iván Duque, en ese entonces por intermedio del exministro de Defensa, Diego Molano.

Los cuatro coroneles añadidos a la lista a última hora, posiblemente a “dedo”, habían sido José Luis Ramírez Hinestroza, Sandra Patricia Pinzón, Faxir Ramírez Horta y Juan Carlos Restrepo Moscoso.

Fue entonces que un intendente radicó la denuncia por el presunto delito de tráfico de influencias en la Justicia Penal Militar y Policial. El 20 de diciembre de 2021 llegó al despacho 186 de la juez Francy Castaño.

‘Engavetado’ en Justicia Militar y Policial

Tal y como había contado Caracol Radio, en octubre de 2022 Francy Castaño fue declarada insubsistente por presuntamente engavetar procesos y otros posibles casos de corrupción judicial. Por ejemplo, en varios casos solo había fotocopias en el despacho y se desconocía el paradero de los cuadernos originales.

Sobre el proceso contra los cuatro coroneles, en los archivos se evidenció que no había información de los expedientes en la secretaría del despacho 186.

Meses después de que la funcionaria fue expulsada de la Justicia Penal Militar y Policial, el caso fue hallado en la estación de Policía de Teusaquillo, donde despachaba la exjuez Francy Castaño con apoyo de uniformados activos.

Según la Procuraduría, esa estación no era el lugar apropiado para recibir los expedientes, por lo que se consideró ilegal para adelantar labores judiciales. Con la llegada del nuevo juez de instrucción penal militar, estas investigaciones tomaron otro rumbo.

Sin avances en la Fiscalía

Caracol Radio estableció que la Justicia Penal Militar decidió enviar el expediente a la Fiscalía General de la Nación el 5 de diciembre de 2022, días antes de que las hojas de vida de José Luis Ramírez Hinestroza y Sandra Patricia Pinzón fueran aprobadas por el Senado de la República para sus ascensos al grado general.

Uno de los argumentos de la Justicia Penal Militar es que en el caso hay civiles involucrados. Cabe mencionar que Faxir Ramírez Horta y Juan Carlos Restrepo Moscoso, los otros uniformados investigados, fueron llamados a calificar servicios por el presidente Gustavo Petro.

“Se logra establecer la existencia de señalamientos e hipótesis tendientes a proyectar un presunto tráfico de influencias en los que supuestamente habrían participado uniformados y civiles”, se lee en el documento.

“A todas luces, la probabilidad de que la Jurisdicción penal militar y policial investigue y juzgue a civiles, escapa totalmente de la competencia de esta justicia excepcional”, argumentó. Adicionalmente, la Justicia Penal Militar consideró que el presunto de tráfico de influencias, de ninguna manera, se “aproxima a aquellos delitos que están relacionados con el servicio” policial.

Por lo anterior, según conoció Caracol Radio, a la Fiscalía fueron enviados decenas de folios y varios CD con las pruebas documentales y testimoniales practicadas por la Justicia Penal Militar y Policial desde enero de 2022 hasta diciembre de ese año.

Fuentes consultadas por este medio aseguraron que los generales Ramírez y Pinzón saben del proceso en la Fiscalía, pero después de cumplirse un año el proceso no tiene avances significativos para determinar posibles responsabilidades de los altos oficiales o, si se diera el caso, absoluciones y archivo del proceso.