¿Que busca el Presidente con rechazar el Centro de Justicia Restaurativa?

En Hora20 nos concentramos en debatir sobre un tema que ha generado polémica: el rechazado del gobierno Petro a un centro de justicia para jóvenes construido en Bosa. Se debatió sobre la necesidad de estos espacios, la visión del gobierno en términos de resocialización y el futuro de los centros de justicia para jóvenes. Después una mirada a las negociaciones del salario mínimo para el 2024, las proyecciones, las dificultades y lo que viene para la economía. Por último, las repetidas denuncias de maltrato y acoso laboral en varias entidades del actual gobierno.

Una vieja polémica ha estallado nuevamente en la relación entre el presidente Petro y la alcaldesa, Claudia López. Desde el pasado lunes en redes sociales son cientos de comentarios a favor o en contra de la decisión que tomó el Gobierno nacional a través del Icbf de no recibir el Centro de Justicia Restaurativa Juvenil, construido por el Distrito en Campo Verde en Bosa para que funcione como un Centro de Atención Especializado, es decir, el lugar donde los jóvenes entre 16 y 18 años purgan una pena privativa de la libertad que es impartida parte de un juez.

El espacio construido por el distrito desde hace más de un año tiene una capacidad para unos 200 jóvenes y contó con una inversión de $70 mil millones de pesos. El anuncio ocurrió hace casi dos meses, sin embargo, la polémica apenas estalla ahora cuando el presidente Petro asegura que los niños no deberían ir presos y el gobierno dice, que se debe pensar en un modelo diferente de resocialización y reconciliación, de hecho, la directora del Icbf ha dicho que se debería pensar en cerrar todos los centros y dar paso a otro modelo.

Si bien estos centros especializados han presentado problemas de hacinamiento, intentos de fuga y hechos de violencia, en Bogotá el distrito ha dicho que tiene una tasa del 96% en resocialización. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el Sistema de Responsabilidad Penal, encargado de investigar y juzgar los delitos cometidos por menores entre los 14 y 18 años, hay cerca de 8.946 menores a septiembre del 2023 por delitos como hurto, tráfico de estupefacientes o 164 por homicidio, de los cuales, 1.827 están detenidos en los Centros de Atención Especializada.

Lo que dicen los panelistas

Para Luz María Sierra, periodista y directora de El Colombiano, planteó que llama la atención lo que dice el presidente, “esto no es un tema de opinión, por momentos se siente que el Presidente piensa en un país que no existe, no recibir esa infraestructura es desobligante con la alcaldesa y con la ciudad; uno puede decir que lo recibe, revisan y proponen qué hacer con los jóvenes, pero de una vez utiliza un hecho y lo convierte mediático para lanzar ataques”. De otro lado, dijo que esos centros son también una oportunidad para los jóvenes con el fin de mantenerlos en un ambiente alejado de la criminalidad.

Sobre la discusión del salario mínimo, dijo que al presidente no le conviene que el incremento para el 2024 sea superior a la cifra de inflación, pues asegura que tener salarios altos implica más inflación y a más inflación, las tasas de interés se mantendrán altas.

Camilo Granada, politólogo y economista, consultor, columnista y exalto consejero presidencial para las comunicaciones, señaló que la visión del gobierno sobre los centros para jóvenes puede funcionar como un incentivo perverso para la instrumentalización de menores por parte de estructuras criminales para que cometan delitos y se mantenga impunidad absoluta, “es una reducción del debate o campo de acción de lo penal”. Además, dijo que el presidente sigue con las acciones de acabar de facto con las cosas, pues asegura, que mientras se tiene un espacio para los jóvenes que han cometido delitos, tienen que permanecer en malas condiciones y hacinamiento, por cuenta de la decisión del presidente.

Frente al salario mínimo, dijo que el gobierno debe tener en cuenta la manera como está constituido el tejido empresarial, que en un 99 % está constituido por microempresas, “el incremento del mínimo afecta esos pequeños microempresarios que es el 99 % de empresas del país y les pega directo porque cualquier incremento de costos, los ahorca por el estrecho margen que tienen”.

Francisco Bernate, abogado, profesor universitario y columnista, recordó que la ley establece que los menores infractores pueden estar detenidos o condenados a prisión, “esos 1.800 están detenidos o condenados que, por decisión judicial, en cumplimiento de ley deben estar ahí”, también dijo que sí cree que la realidad es que toca cumplir con la ley y las decisiones judiciales, “estos 200 cupos en condición de dignidad pueden solventar los problemas”, remarcó.

Sobre el salario mínimo, dijo que se debe medir qué efecto tiene el incremento para el 2024 más el efecto que tenga la reforma laboral que impulsa el gobierno, “eso se traduce en más costos a empleadores, más dificultad en relaciones laborales y eso lleva a informalidad y las empresas que no vinculan, se pasan al tema de prestación de servicios y hay precarización laboral”.

Gabriel Cifuentes, abogado, exsecretario de transparencia de la presidencia y columnista, manifestó que el planteamiento que hace el presidente es correcto en la teoría, “debe primar la prevención, una cosa es prevención y otra resocialización: hay ley 1453 que establece medidas en régimen penal adolescente para conductas graves; hay 170 jóvenes que han cometido extorsión, homicidio y son jóvenes que han cometido delitos y con penas hasta de 8 años”, con lo cual, dice que lo que se busca es implementar lógica de resocialización.

En cuanto al mínimo, dijo que tocará ver si el presidente se da la plena por un aumento de menos de dos dígitos, “creo que eso le puede parecer secundario, va a ser parte de la lógica del gobierno y ver si concertación con actores o si se le echa mano al decreto y ese sería el peor escenario para los industriales; si no hay acuerdo, la imposición tendría efecto político negativo para el acuerdo nacional”.