Por 18 años fue destituida e inhabilitada una juez por el caso de Carlos Mattos
Señalaron que Ligia del Carmen Hernández Pérez cometió un delito, al recibir 30 millones de pesos con el fin de favorecer al empresario Carlos Mattos,
Audiencia nacional aprueba extradición de Carlos Mattos a Colombia(Colprensa / Archivo)
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó en segunda instancia la destitución e inhabilidad general por 18 años contra la juez 16 Civil Municipal de Bogotá, Ligia del Carmen Hernández Pérez.
La Comisión ratificó la sentencia de la seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, en la que se destituye e inhabilita a Hernández Pérez, porque “incurrió —y con dolo— en actos de corrupción judicial”, hecho que es considerado como una falta gravísima.
Consideraron que es acertada la decisión de primera instancia, ya que la exjuez recibió $30 millones de pesos, para que expidiera medidas cautelares contra la firma Global Car World S.A.S, y así impedir la importación de repuestos y vehículos de marca Hyundai, ni utilizar los signos distintivos de la marca y de propiedad industrial, favoreciendo de esta manera al empresario Carlos Mattos, conocido por comercializar esta clase de automotores en el país.
Es importante recordar que por este caso, Hernández Pérez fue condenada en segunda instancia, por parte de la Corte Suprema de Justicia, el 14 de octubre de 2020, por el delito de cohecho impropio, a 20 meses de prisión, multa equivalente a 22.41 salarios mínimos legales mensuales e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 40 meses.
Según la Comisión estos hechos constituyen “corrupción judicial”, al traicionar la confianza pública y resquebrajar la recta y cumplida administración de justicia”. La apelación, presentada en junio de 2023, fue desestimada también por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por cuanto la exfuncionaria, “siendo versada de sus deberes funcionales, decidió incumplirlos, quebrantando de esta manera el principio de imparcialidad en el procedimiento judicial al obtener un beneficio ilegal e inconstitucional”, aseguró.
