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Preocupación en Bogotá por posible emergencia en la operación de 4 cementerios distritales

Lucía Bastidas, concejal de Bogotá, lanzó una alerta sobre la inminencia de una crisis funeraria en la ciudad, en caso de que la firma que opera los cementerios distritales entregue su contrato de forma unilateral.

Cementerio Central de Bogotá. Foto: Getty Images. / Carmela Daza

En Bogotá sigue sin resolver el panorama cercano del funcionamiento de los cuatro cementerios distritales de la ciudad.

Esto, luego de la advertencia de la empresa Jardines de Luz y Paz de entregar de forma unilateral su contrato de operación de estos sitios.

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Según Jardines de Luz y Paz, no tienen las garantías para seguir prestando los servicios funerarios en los cementerios del Sur, Chapinero, Serafín y el Cementerio Central.

Anexo a esto, es probable que la empresa sea sancionada por el incumplimiento de varias de sus obligaciones como contratista.

La concejal de Bogotá por el Partido Alianza Verde, Lucía Bastidas, denunció en 6AM Hoy por Hoy que la capital se encuentra ante la posibilidad de entrar en una emergencia generada por la posible falta de operador de esos cuatro cementerios.

Explicó que los problemas que se han presentado en las últimas semanas con Jardines de Luz y Paz tienen su origen en un posible acto de corrupción a la hora de adjudicar el contrato para la operación de los sitios de creación, inhumación y exhumación de cuerpos de la ciudad.

Según Bastidas, existe una serie de denuncias sobre irregularidades en la entrega de un contrato por 41 mil millones de pesos, que se adjudicó en 2021 para la operación de los cementerios distritales de Bogotá. Indicó que no es clara la forma en la que se hizo la adjudicación del proyecto.

“Han intervenido los órganos de control y han dado, la misma UAESP (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá), unas multas de 2.485 millones de pesos al concesionario”, señaló la concejal.

Entre los problemas por los que la concesionaria se encuentra floja, Lucía Bastidas mencionó el reporte de 51 informes sobre cierres de hornos crematorios en los cementerios Norte y Sur, retrasos en pagos a exempleados y personal de seguridad.

También la falta de claridad en la contabilidad de la empresa, que no ha hecho tampoco las consignaciones a las que está obligada en las cuentas autorizadas de la respectiva fiduciaria.

Sin embargo, no solo es probable que a la concesionaria le sea impuesta una sanción de incumplimiento el próximo 3 de octubre, lo que la inhabilitaría para seguir operando los cementerios.

La empresa anunció que terminaría el contrato de manera unilateral por falta de garantías y no impondría ningún recurso de apelación.

“Lo que el concesionario ha dicho, a partir del informe del 19 de septiembre, es que él va a entregar la concesión, ni siquiera la va a ceder”, comentó la concejal de Bogotá.

De los cementerios operados por Jardines de Luz y Paz saldrían al menos 140 empleados. “No tendríamos cómo asumir el tema de inhumaciones y exhumaciones, añadió Bastidas.

Alternativas a la emergencia

Durante su comunicación, la concejal Lucía Bastidas indicó que, de presentarse el escenario previsto, es probable que los ciudadanos que requieran algún tipo de servicio funerario en los camposantos del Distrito no puedan acceder a él.

Por esta razón, llamó la atención para que la empresa Aguas de Bogotá y la Secretaría Distrital de Salud hagan un acuerdo con la UAESP y planteen una salida a la operación de los cementerios distritales. Estas son las únicas entidades que están en la capacidad de asumir esa responsabilidad.

Fue enfática en asegurar que las instituciones mencionadas deberán asumir los problemas generados por una presunta adjudicación irregular del contrato que poseía Jardines de Luz y Paz. “El Distrito tiene que resolver el problema” y “finiquitar” la mala adjudicación del contrato.

“Ellos han cometido infinidad de malos manejos de plata, actuaciones administrativas y jurídicas. No nos extrañaría que entreguen (el contrato) de un momento a otro”, comentó Bastidas.

Además de solucionar la operación de los cementerios distritales, la funcionaria hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que “diga si hubo corrupción o no y quiénes fueron los implicados”.