Magistrado de Justicia y Paz denuncia amenazas por pedir investigar a financiadores de AUC
En un documento remitido a la Uidad Nacional de Protección asegura que, al parecer, ya habrían contratado a sicarios
Imagen de referencia de amenazas. / Lamarr Golding / EyeEm
José Andrés González Gaitán
El magistrado Gustavo Roa, de la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla, pidió a la Unidad Nacional de Protección, (UNP) ampliar su esquema de seguridad y de su familia por presuntas amenazas y seguimientos.
Se presume que las intimidaciones se deben a que él, hace unos días compulsó copias a la Fiscalía para investigar al empresario palmero y ganadero Rafael Matera Lajud, señalado en varios expedientes de la Justicia, de ser supuestamente alias ‘300′, y Alfonso Macías Vargas, (quien falleció el pasado 2 de septiembre), como supuestos financiadores de las extintas AUC.
Además, pidió investigar a las compañías Agro inversiones Laino; Blinco LTDA, Palmeras de La Costa; y las Fincas Potosí, El Avión y La Roma. Por posibles vínculos con los paramilitares, despojo de tierras y otras actividades ilícitas.
“En efecto, el día de hoy, martes 12 de septiembre de 2023, a las 11:14 am., recibí en mi teléfono celular un mensaje de whatsapp en el que me alertan “los señores de nombre Rafael Matera y un tal mono Macías… contrataron a varios sicarios” para hacerme inteligencia y atentar contra mi vida y la de mi familia para silenciarme”, se lee en el documento conocido por Caracol Radio.
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Magistrado de Justicia y Paz denuncia amenazas por pedir investigar a financiadores de las AUC
En otro aparte, el magistrado ROA denunció que, en el parqueadero del edificio donde reside, al parecer, el conductor al servicio de la familia Macías le tomó fotos a su hijo y la camioneta propiedad de la familia del magistrado.
“Como ponente de la macro sentencia condenatoria contra 25 desmovilizados del bloque norte – Frente Pivijay de las AUC, cuya lectura finalizó el 23 de agosto de 2023, también se compulsaron copias a la Fiscalía para que investigue a 40 personas/ terceros civiles como presuntos auspiciadores, determinadores, y/o financiadores del conflicto armado y ocho bienes inmuebles en los que se efectuaron atroces crímenes con la facilitación de sus propietarios. Situación que a todas luces genera el disgusto de los investigados por las implicaciones penales que esto les conlleva”, indica el documento.
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Caracol Radio conoció que esta tarde, esa denuncia será puesta en conocimiento de la Fiscalía General.
