Corte hace un llamado al Estado para que garantice el derecho a trabajar en cárceles

La Sala Plena de la Corte Constitucional analizó una acción de tutela presentada por una persona privada de la libertad, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a escoger profesión u oficio y los derechos de los niños y adolescentes.

La persona había elevado peticiones durante dos años a la Junta de Trabajo del Complejo Penitenciario y Carcelario “El Barne”, con el fin de que le permitieran desarrollar la actividad de bisutería durante su tiempo de reclusión, en la cual no solo tiene experiencia, sino que con la confección de productos y artesanías podría realizar aportes económicos para el sostenimiento de sus hijos, quienes afrontan una difícil situación económica.

“La idea es que el INPEC rediseñe como lo hemos señalado y ordena la Corte Constitucional cuando declararon el Estado de Cosas Institucionales, que hay que garantizar un programa de resocialización y un programa de trabajo y ese programa no se ha diseñad ni aprobado y por lo mismo las personas no tiene el acceso a la posibilidad de trabajar”, dijo el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez.

Agrega además que esto es esencial que se haga, ya que los privados de la libertad tendrán el acceso a tener dinero para ayudar a las familia “ese es otro derecho, el de la unidad familia que hay que garantizar”, resaltó.

El plazo para realizar esto según lo dijo el magistrado será de seis meses a partir de esta fecha.