Justicia

Fiscal solicitó a la CIDH medidas de protección para él y su familia ante posible atentado

La solicitud de medidas cautelares incluye la garantía de las condiciones de seguridad necesarias para continuar desarrollando sus funciones como Fiscal General de la Nación.

Reunión del Fiscal Barbosa con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Reunión del Fiscal Barbosa con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Bogotá

El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, radicó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una solicitud de medidas cautelares a su favor y de su núcleo familiar, con el fin de que se le garanticen los derechos a la vida, honra, integridad personal y dignidad, esto frente a la amenaza de un posible atentado que estaría planeando el ELN en su contra.

“La solicitud de medidas cautelares fue radicada con fundamento en los hechos de relevancia y gravedad que se han venido presentando como la existencia de un plan para atentar en contra del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, por parte del Grupo Armado Organizado al margen de la Ley autodenominado Ejército de Liberación Nacional (ELN)”, señalo la Fiscalía.

La solicitud de medidas cautelares incluye la garantía de las condiciones de seguridad necesarias para continuar desarrollando con autonomía e independencia sus funciones como Fiscal General de la Nación hasta la terminación de su periodo, el próximo 12 de febrero 2024, sin ser objeto de actos de intimidación, hostigamiento o amenazas, así como cuando termine su ejercicio en el cargo.

Además, señaló la entidad, que “la campaña de criminalización en contra del Fiscal Barbosa, materializada en más de 100 denuncias temerarias entre otros hechos por sedición, “traición a la patria”, abuso de autoridad, prevaricato, falsas alianzas con grupos paramilitares como las llamadas autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo.

Es importante recordar que fue el propio Fiscal General de la Nación quien se negó a levantar las órdenes de captura contra miembros de este grupo armado ilegal por considerar que la solicitud elevada por el Gobierno Nacional no se ajustaba a las disposiciones constitucionales y legales vigentes.

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