Subregión del San Juan, Chocó, se enfrenta al quinto paro armado del ELN este año
Desde la Defensoría del Pueblo pide que se garanticen la vida e integridad y los derechos a la libre movilidad y a la alimentación de las comunidades
Panorámica Chocó
Bogotá
Los habitantes de Nóvita, Sipí, Istmina, Medio San Juan y Litoral del San Juan en el Chocó, son los más afectados por los enfrentamientos entre grupos al margen de la ley como el ELN y el Clan del Golfo. Son 41 comunidades afro y 11 comunidades indígenas las confinadas, un total de 8.275 personas, y seis las desplazadas, cerca de 700 personas.
Desde la Defensoría del Pueblo pide que se garanticen la vida e integridad y los derechos a la libre movilidad y a la alimentación de las comunidades de la Subregión del San Juan, Chocó, dado que el Frente de Guerra Occidental del ELN anunció un paro armado indefinido.
La Subregión del San Juan, Chocó, se enfrenta al quinto paro armado del ELN este año y el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, pidió coherencia a las estructuras de esta guerrilla frente a la paz que están proponiendo.
“Necesitamos mensajes claros del ELN. Mientras una de sus estructuras siembra el terror con anuncios de esta naturaleza, donde nuevamente los afectados son los habitantes de la región chocoana del San Juan, el Comando Central de esa guerrilla ordena a todos sus frentes cesar sus ataques contra la fuerza pública desde el 6 de julio próximo hasta el 3 de agosto siguiente, día en que inicia el cese al fuego bilateral, nacional y temporal”.
Según la Defensoría los pobladores de la subregión del San Juan, Chocó, debido al paro armado, se enfrentan a una crisis humanitaria por cuenta del confinamiento y el desplazamiento a los que se ven obligados.
“Llamamos al ELN, pero también a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo y a todos los actores armados, a respetar los derechos de las comunidades y a las misiones humanitarias que tienen como fin atenderlas, pues a algunas de ellas les han impedido ingresar a los territorios afectados”.
Esta entidad que hace labor en terreno le pide al Estado atender de manera urgente a los habitantes que se encuentra en condición permanente de victimización.