“Consulta popular para definir la autonomía de los territorios es el camino”: Gobernadores

En medio del análisis sobre el enfoque autonómico que tiene el Plan Nacional de Desarrollo: Colombia, potencia mundial de la vida, gobernadores enfatizan que la consigna del ordenamiento territorial alrededor del agua y la justicia ambiental, no son suficientes, y la necesidad de una acción inmediata gira en torno a la distribución adecuada de competencias y recursos, del centro hacia la periferia del país.

“Más que una propuesta de reforma y una visión, hay que iniciar un proceso pedagógico sobre la necesidad de cambios estructurales sobre la organización del Estado en Colombia, hacia una asamblea nacional constituyente, avanzar en ello y que luego se realice un trámite de consulta popular”. Indicó el Gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo.

Por otro lado, para generar nuevos procesos de racionamiento centro periferia, aseguran que esto dependerá de la voluntad política del Gobierno y el Congreso; sin embargo, esto requiere de acciones inmediatas, como girar los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET), que suman un total de $9 billones, los cuales pertenecen a los departamentos, y del mismo modo, devolver el préstamo que las regiones realizaron para el fondo de emergencia para enfrentar la pandemia del Covid - 19, y a su vez, otorgar autonomía al Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD), de las entidades territoriales, para que así decidan cómo invertir el presupuesto de regalías.

“Como plan inmediato, debe haber voluntad política y como garantía y soporte legal, una consulta popular, puede ser el camino para legitimar la verdadera autonomía”. Señaló a su vez el Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García.

Sobre el Plan Nacional de Desarrollo, resaltan que se debe trabajar en la materialización del catastro multipropósito como una gran fuente de recursos y finanzas para los territorios.

Finalmente, manifiestan que transitar hacia un país más autónomo o a un sistema federal de gobierno, implica desligar la constante remisión de autorizaciones para que el Estado de aval de las acciones que ejecutan los departamentos; y de igual forma, que el gobierno actué como acompañante de los procesos, y no como un actor vigilante ante cada decisión que se requiera tomar, de acuerdo a las necesidades de cada región en particular.