El Salvador: un colombiano fue designado como comisionado de derechos humanos
El presidente Nayib Bukele confirmó al abogado Andrés Guzmán como el comisionado presidencial de Derechos Humanos y libertad de expresión.
El abogado colombiano Andrés Guzmán Caballero, designado como comisionado presidencial de Derechos Humanos y libertad de expresión en El Salvador. (Foto: Cortesía Presidencia El Salvador)
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, nombró este miércoles al abogado colombiano Andrés Guzmán como comisionado presidencial de Derechos Humanos y libertad de expresión en este país centroamericano.
“Con este nombramiento, el gobierno de El Salvador seguirá reafirmando su compromiso con los Derechos Humanos de la población”, consignó un comunicado de la Presidencia.
Guzmán Caballero, quien ha sido profesor en universidades en España, Perú y Colombia, se ha especializado en derecho de nuevas tecnologías y se ha desempeñado como defensor delegado de los derechos en los entornos virtuales y la libertad de expresión en la Defensoría de Colombia.
La población salvadoreña, según el comunicado, “por décadas fue excluida por el poder político, organizaciones no gubernamentales y representantes de la comunidad internacional que anticiparon sus intereses al bienestar de los salvadoreños”.
Desde hace 14 meses, organismos humanitarias cuestionan las detenciones que se realizan en El Salvador sin orden judicial amparadas en el régimen de excepción con el que Bukele mantiene una “guerra” contra las violentas pandillas.
En marzo de 2022 el mandatario emprendió su cruzada, con masivos arrestos de sospechosos de ser pandilleros y les quitó el control territorial que ejercían desde hace años, lo que ha devuelto la sensación de seguridad a la población.
La ofensiva contra las pandillas cuenta con el apoyo de nueve de cada diez salvadoreños, según encuestas, pero organizaciones de derechos humanos y la Iglesia Católica han criticado los métodos de Bukele.
El régimen de excepción fue declarado originalmente el 27 de marzo de 2022 por el parlamento, a pedido de Bukele, en respuesta a una escalada homicida que cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo de ese año.
Desde entonces han sido detenidos unos 69.000 presuntos pandilleros, aunque unos 5.000 han sido liberados tras verificar que no estaban vinculados a estas bandas, según el gobierno.