Corpoboyacá confirmó que sí hubo vertimientos que contaminaron fuentes hídricas en Páramo

Tunja

Desde hace por lo menos cuatro meses, comunidades de diferentes municipios de las provincias de Valderrama y Sugamuxi, han denunciado la reactivación de la minería ilegal en la zona del Páramo de Pisba, incluso el pasado mes de marzo, decidieron manifestarse por medio de un plantón pacífico frente a las instalaciones de la autoridad ambiental, para exigir el cierre inmediato de los socavones.

En medio de dicha manifestación, la líder social de Socha, Liliana Castellanos, explicaba que Corpoboyacá habría enviado una circular a la alcaldesa de su municipio, Zandra Bernal, donde le daba viabilidad para cerrar más de 62 socavones ilegales que se situaban en zona de páramo, cierres que no se hicieron y que por el contrario seguían generando un grave impacto ambiental en la zona.

En su momento, la lideresa denunciaba que serían más de 500 familias de Socha, las que podrían haber estado consumiendo agua contaminada debido a la actividad ilegal; mientras que, por su parte, Pedro Castañeda, veedor ambiental de Tasco, afirmaba que en el sector San Luis, de esa localidad, también continuaba la explotación ilegal de carbón, afectando el agua de los acueductos de al menos 7 veredas de municipio.

Casi quince días después de las manifestaciones, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá), acaba de confirmar que efectivamente se encontraron “drenajes ácidos en la zona” que podrían haber generado afectaciones al suelo y fuentes hídricas.

Heiler Ricaurte, subdirector de Administración de Recursos Naturales de la entidad, afirmó: “Hemos llegado al área e identificamos varias minas que efectivamente presentan un trabajo supremamente desordenado, no cuentan ni con título minero, ni con licencia ambiental y menos con las medidas necesarias para realizar una buena labor; observamos la disposición de estériles de una de las bocaminas y todo el proceso de acidificación que se presenta al entrar en contacto con el oxígeno y posterior vertimiento a los cuerpos hídricos, situación bastante compleja que afecta a los ciudadanos aguas abajo”.

En dos operativos desarrollados a la fecha, la autoridad ambiental ha cerrado 19 bocaminas de extracción ilegal de carbón.

Ahora, desde la dirección de la entidad, se está haciendo un llamada a las demás autoridades para mantener vigilancia y control permanente en las zonas clausuradas para evitar reaperturas clandestinas y además, iniciar los procesos penales en contra de los responsables: “Corpoboyacá está en el territorio imponiendo las medidas preventivas y sancionando a los infractores en el marco de sus competencias, y será la Policía y la Fiscalía los que pondrán en marcha los procesos de judicialización de los infractores”.