Denuncian penalmente al alcalde de Cúcuta y director del terminal de transporte

Los defensores de derechos humanos han iniciado acciones judiciales contra el alcalde de Cúcuta Jairo Yañez y el director del terminal de transporte Andrés Posada, por no responder a las reclamaciones de 100 vendedores informales, quienes exigen su derecho para laborar en esta zona, como lo han habían hecho en los últimos años.

Yolanda Olarte, abogada y defensora de derechos humanos aseguró a Caracol Radio “el año pasado en agosto exactamente del 2021, interpusimos unas demandas ante los jueces en Cúcuta para proteger el derecho del trabajo de los vendedores ambulantes, ganamos la demanda pero el alcalde y el señor gerente del Terminal Andrés Posada no le dio viabilidad, para que los vendedores pudieran trabajar, son personas de la tercera edad que han venido sufriendo todo el maltrato y el atropello por parte de sus dirigentes de la ciudad y es así que nos tocó recurrir ante la fiscalía general de la nación, buscando justicia por esta razón interpusimos una denuncia penal por fraude y resolución judicial, eso quiere decir cuando un funcionario no acata un fallo judicial pues obviamente ellos se ven involucrados y tienen que ser investigados y judicializados”.

“Son 100 vendedores que están sufriendo toda esta persecución y atropello por parte de los dirigentes, desde pandemia prácticamente ellos fueron desalojados cuando nosotros desde el año 2017, tenemos fallos judiciales que protegen a todos los vendedores del municipio de San José de Cúcuta, así que nadie puede ser desalojado hasta tanto no se le da una reubicación digna, una ayuda económica o un trabajo formal”.

“La fiscalía se toma un promedio de 15 días para radicar, para agilizar este proceso muy probablemente en tres meses ya tenemos resultado, la gerencia prácticamente no ha tenido en cuenta también a los empresarios recordemos que hay muchas quejas no solamente de la gente informal, sino también de los empresarios algunos que por algunos motivos económicos no pudieron pagar sus arriendos y entraron a las bodegas, les robaron su mercancía ya hay unas investigaciones”.

En tres meses, la Fiscalía podría dar una respuesta sobre esta acción que busca devolverle el trabajo a 100 vendedores informales.

Además, añadió “hemos ganado las demandas ante los estragos judiciales y resulta que el gerente y el señor alcalde no ha tenido en cuenta esos fallos judiciales, lo que están haciendo es algo gravísimo porque ya tienen ellos una demanda a favor y el hecho de no acatar, que no haya cumplimiento pues simplemente ellos se están enfrentando a que sean presos pueden ir cuatro años a la cárcel y pueden pagar 50 salario mínimo legales vigentes como sanción económica”. Señaló Olarte