Indulto a manifestantes, ¿qué tan conveniente es?

En Hora20 una mirada a fondo a la polémica que rodea de nuevo a las denominadas “primera línea”. Se habló del incidente ocurrido ayer domingo, el papel del viceministro del Interior y de los proyectos que buscarían indultar o amnistiar a los miembros de este grupo detenidos tras las protestas del 2021. Después una mirada al llamado que hace Human Rights Watch para que Colombia no guarde silencio ante la violación de derechos humanos en Venezuela. Por último, una opinión de los cambios en la junta directiva de Ecopetrol.

Protestas de indígenas el miércoles pasado, policías golpeados y nuevos enfrentamientos ayer entre miembros de la primera línea y la Fuerza Pública han vuelto a poner sobre la mesa la protesta social, el papel de estos grupos de manifestantes y la violencia que se viene ejerciendo. El miércoles pasado ataques contra Policías, ayer el vehículo en el que se movilizaba el director de la Policía, atacado a piedras y tras este escenario, como telón de fondo un proyecto que buscaría dar indulto a estos manifestantes. Tras estos hechos, dos jóvenes fueron capturados y después dejados en libertad por parte de las autoridades. Vale aclarar y como lo han dicho las autoridades, la liberación se dio sin la mediación del viceministro del Interior, Gustavo García que se encontraba en el Portal Américas mediando para reducir la tensión de la protesta.

Sin embargo, el viceministro sí les dijo a los manifestantes que más allá de indulto, puede haber amnistía, pero que “lamentablemente la ley impone unas reglas para que se pueda aprobar en el congreso” y que, por lo tanto, se debería presentar un nuevo proyecto. Pues el ministro del Interior, Alfonso Prada anunció que los artículos 16 y 17 que daban facultad al presidente de la república para amnistiar a los manifestantes detenidos se iba a retirar del articulado de la ley de orden público, la cual se votó esta tarde con 70 votos a favor y 10 en contra. Sin embargo, congresistas como Gustavo Bolívar y Alirio Uribe han dicho que mañana martes presentarán un proyecto de ley específico que permita designar a estas personas detenidas como gestores de convivencia y que por orden presidencial se pueda solicitar a la justicia la suspensión de órdenes de captura o medida de aseguramiento, con lo cual, no se detendría el proceso penal de los jóvenes que están siendo procesados por distintos delitos cometidos durante las movilizaciones de mayo del 2021.

Lo que dicen los panelistas

Ariel Ávila, senador de la república, investigador en temas de conflicto armado y ponente de la ley de sometimiento, planteó que como se dijo desde la semana pasada, se sacaron los artículos 16 y 17 sobre figura de gestores convivencia e indulto para personas procesadas en protestas social. También comentó que los partidos de gobierno tradicionales no votaron o votaron en contra de artículo sobre servicio social, “era claro que el servicio social para la paz era complemento del servicio militar obligatorio”, apuntó.

Sobre el tema de amnistía a manifestantes detenidos, explicó que hace dos semanas en Cámara y Senado quedaron artículos de gestores de convivencia e indulto, “se pidió tiempo para estudiarlo y se aprovechó para hablar de amnistía”, sin embargo, destacó que los artículos se incluyen por tres criterios, pues plantea que la paz total es también una paz social, “significa que jóvenes que salieron a protestar porque tenían hambre, se les dé una segunda oportunidad. Son 314 casos y cómo no le permitimos a muchachos que tengan segunda oportunidad, eso era lo normal”.

Para María Teresa Ronderos, periodista, directora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística y columnista en El Espectador, se tiene que mirar por qué se da la violencia, “todas las manifestaciones cuando Policía reprime como ocurrió acá, se genera más violencia de la que evita”, pues destaca que si existe posibilidad de que un montón de estas personas no eran violentas y solos estudiantes enardecidos con hambre y furia y “los reprimen de esa manera. También manifestó que no se puede juzgar como si les hubiera dado por salir a la calle a violentar como si nada lo hubiera provocado.

Agregó que puede haber soluciones más interesantes, “que quienes están detenidos y no tienen defensa propicia, en ese sentido, muchos sin abogados son condenados por cosas que no merecen condena”.

Germán Varón, abogado, especialista en derecho administrativo y exsenador de la república, señaló que generalización puede llevar a un equívoco frente a los manifestantes detenidos durante las protestas, “es ilógico que se tome decisión sobre un grupo de personas en la que cada uno tiene posición particular”, incluso explica que hay varias circunstancias jurídicas, “pero diciendo que todos serán liberados, se excede lo que debe ser el proceso”.

Agregó que el gobierno se equivoca porque una persona a la cual la sociedad le ha depositado confianza como funcionario público no puede ser agredido o vulnerado, “si el manifestante o el policía se excede, hay que juzgarlo”. Por otro lado, dijo que se pueden hacer otras labores, “que se revise casos donde no hay pruebas suficientes y que se liberen”.

Jorge Iván Cuervo, abogado, profesor en la Universidad Externado y columnista,planteó que la Fiscalía, Defensoría y gobierno pueden hacer mapeo de los casos, “hay casos complicados en los que jóvenes de emisora comunitaria son acusados de terrorismo, no se les ha permitido defensa técnica”, en ese sentido y recordando lo ocurrido en la protesta, planteó que la modalidad de primera línea fue usada en Colombia y esa etiqueta se fue reconfigurando y en muchas regiones se deterioró. Explicó que las amnistías son para delitos políticos y que las acciones de jóvenes en protesta no son delito político, “puede haber un tratamiento jurídico diferencial como en justicia transicional para jóvenes”.

“Sobre aquellos que haya pruebas de atentar contra funcionario público, debe ser objeto de la sanción penal, pero hay instrumentalización política y penal de primera línea que no se puede aceptar”, incluso manifestó que tampoco es cierto que todas las amnistías generen más violencia, “por eso es coherente la variable de este gobierno para que no se dé tan sencillo”. También destacó que, en proceso de modificar el código penal, se pueden crear nuevas penas de justicia restaurativa y los jóvenes pueden ser beneficiarios de ella, “casos como el de Andrés Escobar, qué ganamos con meterlo a la cárcel 10 años”.

Andrés Parra, profesor en ciencia política de la universidad de los Andes, doctor en filosofía y estudios políticos y columnista en La Silla Vacía, planteó que no se puede generalizar, “pero hay que complejizar desde lo político los criterios paran juzgar acciones violentas en protesta social”. De esa manera, dijo que esta violencia de protesta social no es solo una ocurrencia de los jóvenes, “se tiene que poner en relación con represión policial y con la violencia estructural que son condiciones de vida que generan que las personas vivan de una manera deplorable”. En ese sentido, agregó que se debe contextualizar la violencia de la protesta bajo el contexto de violencia estructural o establecida, pero destacó que eso no quiere decir que toda acción violenta sea válida.