¿Hacia dónde va la infraestructura educativa en Colombia?

En Hora20 nos alejamos de la coyuntura para hablar de un tema que nos interesa a todos: la educación. Se debatió sobre los desafíos que enfrenta la infraestructura educativa; las falencias que tiene el sistema y los efectos que implica no tener una infraestructura óptima para el aprendizaje de niños, niñas y adolescentes. Después una mirada a la preocupación de varios sectores por el aumento que tendrían las matrículas de colegios y universidades en adelante. Por último, ante la llegada de un nuevo gobierno, cómo construir una política integral en materia educativa que responda a las necesidades.

Dentro de los múltiples desafíos que enfrenta la educación en Colombia, la infraestructura educativa es uno de ellos, pues se suma al recurrente problema de brechas entre los colegios oficiales y los privados y entre la ruralidad y los centros urbanos. En ese sentido, investigadores como Peter Barrett han establecido que hay una estrecha relación entre el aprendizaje y los entornos en los cuales se encuentran niños, niñas y adolescentes durante la etapa escolar y universitaria. Actualmente en el país hay unas 13 mil instituciones educativas, las cuales enfrentan desafíos desde el entorno de movilidad de los estudiantes, pasando por la alimentación y las condiciones en infraestructura. Un reciente estudio, el índice Welbin 2022 del Laboratorio de Economía en la Educación, estableció las condiciones en las que se encuentran los colegios del país a través de una encuesta a 1.556 instituciones: el 38% no tiene agua potable, una cifra que en la ruralidad es del 67% y el 45% no tiene acueducto; el 12% está expuestos a riesgos de inundación y solo el 43% tiene acceso permanente a internet. Por otro lado, en una encuesta a estudiantes realizada por la Fundación Barco, se demostró que entre más alto el grado escolar, es más alta la insatisfacción con las instalaciones escolares. Al tiempo, evidencia que mientras en los centros urbanos solo al 7% no le gusta su colegio, en la ruralidad la cifra llega a ser del 68%.

Para enfrentar este panorama el Estado ha creado herramientas como el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa, el cual reúne dineros del Presupuesto General de la Nación, del Sistema General de Regalías y de las entidades territoriales que tiene como fin construir, mejorar y ampliar instituciones educativas de todo el país. A septiembre 30 del 2022, este Fondo ha contado con un presupuesto de $5,02 billones para intervenir y construir 539 proyectos de infraestructura en 70 entidades territoriales. Sin embargo, desde la Contraloría se han lanzado alertas por los tiempos de entrega y los problemas en el PNIE, el Plan Nacional de Infraestructura Educativa, frente al cual hay alerta en 52 proyectos, están en riesgo $90 mil millones de pesos y hasta 3 millones de personas afectadas.

Lo que dicen los panelistas

Para Francisco Cajiao, experto en temas de educación, columnista en El Tiempo, exrector de Universidad Pedagógica y Universidad Distrital, más allá de las cifras, recorrer las ciudades muestra que hay gran heterogeneidad en un mismo sector, “puede haber colegios extraordinariamente buenos en términos de infraestructura y a pocas cuadras otros con dificultades enorme. He estado viajado pasando por el país y he visto colegios extraordinariamente buenos y otros privados en una precariedad inmensa; no se trata de división entre público y privado, se da en todos los campos”, pues planteó que en el sector rural hay colegios maravillosos, “pero hay otras escuelitas que francamente dan ganas de llorar”.

Destacó que tener mejores condiciones físicas, laboratorios e internet facilita el aprendizaje, pero advierte que es interesante ver que colegios exitosos arrancaron en condiciones muy precarias. Por otro lado, resaltó que debe haber una concepción del proyecto educativo, “cuando se centra todo en infraestructura se está generando dependencia muy grande y la educación es mucho más que eso”.

Alfonso Otoya, director general de la Fundación Barco y columnista en El País, planteó que temas como el del catastro son muy importantes, “añadiría que debemos ponernos de acuerdo en mínimos esenciales: agua potable, energía y servicios sanitarios; en el sector público rural hay instituciones que no cuentan con estos mínimos”. Manifestó que se pueden dar procesos educativos exitosos sin tener infraestructura lujosa, pero que de igual forma se debe contar con unos mínimos. Frente al proceso de aprendizaje, comentó que, si en hogares y familias tienen espacios para suplir necesidades, llevar a los NNA a escenarios donde no se cumplen esos estándares, “es someterlos a procesos no apropiados para el aprendizaje”.

Por último, comentó que la apropiación de la comunidad a la infraestructura es lo que se debería lograr, “sería el modelo más exitoso y sostenible”.

Para Cecilia María Vélez, exrectora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y exministra de Educación, el mantenimiento es un reto del sector público, así como los gastos recurrentes que se van en la nómina. Por lo tanto, destacó que se tienen tres problemas: no hay inventario claro; en zonas más pobres hay mucha ilegalidad y el mantenimiento de las instituciones educativas. “Hay que tener mínimos, pero sobre eso la comunidad educativa puede hacer muchas cosas para hacer agradable el ambiente incluso involucrando a padres de familia”, pues afirma que no es a punta de discursos como se van a desarrollar las competencias ciudadanas, “sino realmente con la forma democrática con que se toman decisiones en los colegios y el interés que se ponga en infraestructuras colectivas”.

Luz Karime Abadía, profesora, investigadora, directora de Posgrados en Economía y codirectora Laboratorio de Economía de la Educación Universidad Javeriana, planteó que no existe una fuente completa de información que nos diga cuáles son las necesidades en infraestructura y en el entorno dónde están ubicados los colegios que requieren adecuaciones, “históricamente se han acumulado rezagos porque el mayor presupuesto es para pagar servicios públicos y muy poco en términos de infraestructura”. Manifestó que hay estudios que muestran que mejoras en infraestructura no tienen impacto en el desempeño académico y otros sí, “infraestructura es condición necesaria, pero no suficiente”, aseguró.

Por otro lado, recordó que en el índice Weblin se encontró que según la norma técnica colombiana debe haber baño funcional por 25 estudiantes y en promedio hay 47 en públicos, mientras que en los privados hay 14.