Alumbrado público, otro punto de discordia entre Cárdenas y Rodolfo
El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas y el excandidato a la presidencia chocaron por dos contratos para iluminar a la ciudad.
Las bombillas fundidas de Bucaramanga
Bucaramanga
El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas y el senador, Rodolfo Hernández se han sacado “los trapitos al sol” por cuenta de un espinoso tema: el alumbrado público de la ciudad y un cuestionado sistema de telegestión valorado en $50 mil millones.
El primer capítulo de esta historia fue la compra de 24 mil bombillas durante la alcaldía de Hernández. Se compraron, dicen fuentes de la alcaldía en una licitación que tuvo un solo oferente, una empresa llamada Celsa. El objetivo era adquirir farolas tipo LED para reemplazar las de sodio lo cual significa un importante ahorro de energía.
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Pero antes de lo previsto, el nuevo alumbrado presentó fallas asegura Iván Vargas, secretario de Infraestructura de Bucaramanga pues se quemaron 10 mil bombillas, casi el 40% de las que compró Rodolfo Hernández. Este hecho se conoció a raíz de la pelea entre el alcalde y el senador.
Antes del cruce de recriminaciones, en la alcaldía argumentaban que había sectores a oscuras porque se robaban el cable en busca de cobre, un material que se paga bien en el mercado negro.
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La firma Celsa de Medellín ha hecho la reposición de las farolas dañadas. El secretario de Infraestructura de Bucaramanga ha precisado que todos los días se detecta más bombillas fundidas. Los críticos del actual alcalde Cárdenas piden pruebas de este tipo de situaciones. Solicitan que se muestre un soporte técnico pues aseguran que esta labor se puede hacer a través del esquema de telegestión, el “supuesto pecado” del actual alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas.
LA TELEGESTIÓN
El alcalde Cárdenas llegó hablando de Smart City, “Ciudades Inteligentes” como uno de los proyectos estrella de su administración. Quiso contratar un sistema de telegestión y medida, por casi $50 mil millones, dividido en 4 fases. Una primera etapa tuvo un valor de $14 mil 680 millones con el objetivo de controlar el sistema de alumbrado público de manera “Inteligente”.
La idea era saber en tiempo real cuáles luminarias se quemaban para hacer los arreglos de forma inmediata. Eso iba a mejorar los tiempos de atención a las peticiones y quejas de la comunidad. La escogencia del vendedor, de más de 7 mil sensores se hizo a través de la Bolsa Mercantil de Colombia buscando que con la subasta inversa se logara un ahorro importante de plata.
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La firma ganadora fue la Unión Temporal Bucaramanga Inteligente. Los críticos del alcalde dicen que hubo solo dos oferentes y que la licitación se adjudicó sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ficha técnica, asegura el veedor Mauricio Millán.
La eficiencia de la tecnología de Telegestión y Medida sirvió se puso en entredicho. Esa fue la constancia radicada ante el congreso por el senador Rodolfo Hernández quien habla de que “esa platica se perdió”.
Mauricio Díaz Millán, el veedor que se ha dedicado a estudiar el sistema asegura que “el protocolo de telecomunicación es obsoleto y que la administración de Cárdenas no tuvo en cuenta que resultaba incompatible con las luminarias adquiridas en el gobierno de Rodolfo Hernández”.
Incluso denuncia que se montó una sala de control que no opera como se planteó en el contrato. Cuando el contrato de telegestión y medida empezó a hacer ruido, hubo renuncias de varios funcionarios de la oficina de Alumbrado Público de la alcaldía y de algunos asesores del alcalde.
HABLA EL CONTRATISTA
El interventor del contrato, la firma HCR Ingenieros SAS pidió en diciembre pasado sancionar al contratista y no pagar la plata hasta tanto no se subsanarán algunas fallas. Posteriormente radicó el informe final ratificando el incumplimiento. Lo mismo hizo Nicolás Cobos quien fuera el coordinador de Alumbrado de la administración de Cárdenas y quien actuaba como como supervisor de la orden de operaciones de Telegestión y Medida.
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Los contradictores del alcalde dicen que estas solicitudes fueros desconocidas por la administración local que terminó pagando al contratista.
La segunda fase del proyecto que ya venía se frenó. Hay denuncias penales en contra del alcalde y 8 de sus asesores por los presuntos delitos de falsedad ideológica en documento público; contrato sin cumplimiento de requisitos y fraude procesal.