Las URI y estaciones de policía tienen 194% de hacinamiento: Defensoría
Bucaramanga, Santa Marta y Bogotá superan el 500% de ocupación.
Cortesía Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo reveló que en Colombia hay 20.951 personas en los centros de detención transitoria, frente a una capacidad de 7.131 cupos, lo que representa una alarmante cifra de 194% de hacinamiento.
De acuerdo con la entidad, la problemática de hacinamiento se agudizó por la emergencia sanitaria presentada por el COVID-19 en 2020, debido a que el INPEC tomó la determinación de prohibir el ingreso de nuevas personas a sus cárceles. Por esta razón, la crisis se trasladó a los centros de detención transitoria cómo las Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía y estaciones de Policía.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, pidió solucionar esta situación presenta en los centros de detención transitoria y reafirmó el pedido de una reforma al sistema penitenciario y carcelario.
“Estas cifras de hacinamiento se traducen en espacios inadecuados para dormir, consumir alimentos, facilita la propagación de enfermedades debido a la falta de ventilación, y aumenta el estrés entre la población privada de la libertad, lo que se traduce en constantes riñas e intentos de amotinamiento, una de las razones por las que insistimos en la urgencia de la reforma integral al sistema penitenciario y carcelario”, aseguró Camargo.
Antes del cierre decretado, el hacinamiento en los centros que administra el INPEC era de 51.49%, lo que representa una sobrepoblación de41.670 personas privadas de la libertad. Sin embargo, para el 30 de marzo de 2022, la cifra de hacinamiento en estos establecimientos alcanzó un 20%.
"Si bien en principio una reducción de un 30% debería ser considerado un logro mayúsculo, lo cierto es que el grave problema de hacinamiento hoy en día se trasladó a los centros de detención transitoria" señaló el Defensor.
Las nueve ciudades con mayor porcentaje de hacinamiento de sus centros de detención transitoria son: Bucaramanga con 835.6%, Santa Marta con 590%, Bogotá con 553.4%, Cúcuta con 491.4%, Riohacha con 333.7%, Medellín con 293.3%, Cali con 274.3%, Valledupar con 268% y Maicao con 208%.
“Las personas privadas de la libertad que se encuentran recluidas en estos lugares están sometidas a graves vulneraciones a sus derechos que impiden cualquier asomo de resocialización y generan amenazas a la vida e integridad tanto de los privados de la libertad como de la Fuerza Pública, que se ve obligada a asumir una tarea que se aleja de su misión constitucional”, puntualizó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.