Procuraduría entregó concepto positivo frente a las curules de paz
El documento fue remitido a la Corte Constitucional, que estudia la ley que fue promulgada por la Presidencia de la República.
Procuradora General, Margarita Cabello. (Cortesía: Sergio Acero, Colprensa.)
Caracol Radio conoció en primicia el concepto de la Procuraduría General de la Nación sobre el acto legislativo 02 de 2021 que crea las 16 curules de paz en el Congreso de la República, en representación de las víctimas del conflicto armado como se estableció en el Acuerdo de Paz con las extintas FARC.
En el documento, si bien el Ministerio Público advierte que hay una ausencia de la consulta previa para las comunidades étnicas que tienen presencia en los territorios en donde van a operar las circunscripciones de paz, esto no impacta su validez constitucional.
“Porque trata de una medida que, además de ser transitoria y constituir un desarrollo al Acuerdo Final de Paz, promueve la participación real y efectiva de la vida política de los grupos étnicos, por medio de la elección de representantes ante el Congreso de la República”, señala la Procuraduría.
Así mismo, el Ministerio Público destacó que se surtieron los debates en las dos cámaras de forma debida que crearon las curules para los periodos 2022-2026 y 2026-2030, por lo que el proyecto que resulta compatible con la Constitución.
Por otro lado, la Procuraduría asegura que el acto legislativo introduce cambios transitorios en la Constitución por ocho años, tanto en el sistema electoral como en la estructura del Congreso y, sobre todo, “en el entendimiento actual del principio democrático materializado en la faceta de igualdad en la participación”.
El Ministerio Público, por ende, consideró que esas modificaciones no alteran el principio democrático y no sustituye a la Constitución Política de Colombia, por lo que solicita a la Corte Constitucional declarar exequible acto legislativo 02 de 2021.
“Este cambio parcial y temporal de la composición del Congreso resulta además razonable si se tiene en cuenta que el mismo texto superior estableció el funcionamiento de las circunscripciones especiales y la atenuación de reglas que ello implica, con el objetivo de favorecer grupos minoritarios, al otorgarles una representatividad en los órganos democráticos de decisión”, dice la Procuraduría en su concepto de 27 páginas.
El Ministerio Público añadió que es necesario involucrar a las víctimas y habitantes de los territorios más afectados por el conflicto armado en el escenario político del país, “dado el protagonismo que asumieron con la firma del Acuerdo Final y la incidencia que deben tener en la discusión y definición de la normatividad y políticas públicas que regirán el actuar de los colombianos”.
De igual manera, la Procuraduría manifestó que las curules de paz y la representación política son una manera de favorecer a quienes resultaron afectados por el conflicto armado, bien sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades sociales, culturales y económicas que los impactan.
De otro lado, el Ministerio Público advirtió que aun cuando el acto legislativo garantiza una campaña electoral equitativa y transparente para las víctimas del conflicto, hay una presencia de grupos armados ilegales, como las disidencias de las extintas FARC, en los territorios donde se van a elegir las 16 curules de paz, generando alertas de la Defensoría y en la población que allí reside.
