Orden Público

Normativa jurídica

El concepto de política criminal que avaló polémica ley seguridad ciudadana

El Consejo Superior de Política Criminal dice que las modificaciones al código penal son proporcionales y razonables

Ley de Seguridad Ciudadana aumentó penas contra vándalos / FOTO COLPRENSA

Caracol Radio conoció el concepto del Consejo Superior de Política Criminal que respaldó la polémica ley seguridad ciudadana. Ese documento dice que, “constituye una clara respuesta” ante los fenómenos sociales delictivos en el país.

El Consejo Superior de Política Criminal es un organismo colegiado asesora al Gobierno Nacional en la implementación de la política criminal del Estado.

El concepto de este organismo que respalda la polémica ley de seguridad ciudadana, fue expedido el 7 de diciembre y concluye que, las modificaciones propuestas en la ley de Seguridad Ciudadana “son proporcionales y razonables para hacer frente a la problemática de la inseguridad en Colombia”.

Uno de los artículos polémicos fue la modificación al artículo 32 al código penal avala la legítima defensa privilegiada, es decir, que permite que, si alguien entra con violencia a su casa, le puede disparar en defensa propia y no sería penalmente responsable.

El Consejo Superior de Política Criminal dice que, “la modificación deja claro que se trata de una presunción, por ello, es perfectamente posible”. Sin embargo, la proporcionalidad de la conducta la valuará un juez.

En cuanto al aumento de penas de 50 a 60 años para quienes cometan homicidios en contra integrantes de la Fuerza Pública, periodistas, líderes sociales o menores de edad, dice el concepto que es “una propuesta que premia una política general preventiva”, Constituye una medida de política criminal que adopta un frente a conductas consideradas reprochables.

El concepto del Consejo de Política Criminal no hace referencia al artículo 62 que autoriza la implementación de la seguridad privada en las cárceles, por ello, esta semana en Caracol Radio los sindicatos del INPEC anunciaron que alistan la artillería jurídica contra esta ley al considerar que se estaría convirtiendo las cárceles en un negocio.

 

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