Los pendientes que tendrá que responder la justicia en 2022

Escándalos de corrupción recientes y antiguos, controversias políticas que trascienden a lo penal o penales que trascienden a lo político e investigaciones por violaciones a los derechos humanos serán algunos de los procesos más 'calientes' que tendrán en sus manos fiscales y jueces en el año 2022.

Aunque en algunos de estos casos hubo avances significativos durante 2021, como la extradición al país del exdirectivo de Hyundai en Colombia Carlos Mattos y las condenas contra el exmagistrado Francisco Ricaurte por el cartel de la Toga y contra cuatro integrantes de la Policía por la muerte del grafitero Diego Felipe Becerra, en otros las minucias jurídicas de los procesos y a veces incluso las dilaciones injustificadas provocadas por los abogados han hecho que los casos continuen prolongándose sin solución.

Por ejemplo, las investigaciones por la muerte de civiles durante las jornadas de protesta de 2021 en las principales ciudades del país no avanzan al mismo ritmo que los reportes de la ONU y parecen estar corriendo la misma suerte que el proceso por la muerte de Dylan Cruz, en las marchas de 2019, que la mayor parte del año estuvo estancado en un conflicto de competencia.

Las investigaciones por el caso de Centros Poblados, tanto en la Fiscalía como en la Corte Suprema de Justicia, apenas comienzan, mientras que las del caso Odebrecht, a pesar de haber tenido unas nuevas líneas de investigación este año, parecen estar languideciendo.

Y en el campo político, 2021 fue otro año de relativo estancamiento para el proceso por supuesto soborno de testigos contra el expresidente Álvaro Uribe (pasó varios meses en audiencias para establecer si la Fiscalía puede precluir o no la investigación), mientras que fue de impulso para la investigación contra el candidato presidencial Sergio Fajardo para establecer si incurrió en una infracción por no prever la devaluación del peso.

Esta es la situación en la que reciben el 2022 algunos de los procesos más relevantes a cargo de la justicia penal colombiana.

INVESTIGACIÓN CONTRA ÁLVARO URIBE

Tras la decisión de la Corte Constitucional, de negar la tutela interpuesta por la defensa del expresidente Álvaro Uribe, se mantiene en firme la investigación en su contra por presunto soborno a testigos, que completa casi nueve años y que ha estado marcada por demandas, contrademandas, tutelas, recusaciones, cambios de competencia y hasta cambios de ley aplicable.

Este caso se encuentra desde el pasado 26 de julio en manos de un juez que estudia una solicitud de preclusión presentada por el fiscal Gabriel Jaimes, quien considera que no hay elementos suficientes para llamar a juicio al exmandatario y en donde además de él, han intervenido el abogado Reinaldo Villalba, representante del senador Iván Cepeda, el exvicefiscal Jorge Perdomo y el exvicefiscal Eduardo Montealegre, quienes son víctimas reconocidas en el proceso.

Este caso se retomará el próximo 13 de enero de 2022, con la intervención del abogado Miguel Ángel del Río, representante legal de Deyanira Gómez.

Luego de él intervendrá Laura Valentina Muñoz Osorio, quien pidió el 17 de agosto pasado por correo electrónico ser reconocida como víctima y poder sustentar su petición en una audiencia pública.

Dependiendo de la decisión anterior, el siguiente en argumentar será el representante del Ministerio Público, seguido de la defensa. Aún pueden faltar varias semanas o incluso meses para que el juez determine si hay lugar o no a la preclusión del proceso solicitada por la Fiscalía.

EL JUICIO CONTRA SERGIO FAJARDO

A comienzos de diciembre, la Fiscalía acusó formalmente ante la Corte Suprema de Justicia al precandidato presidencial Sergio Fajardo por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado, por un préstamo que el entonces gobernador de Antioquia avaló, sin prever la devaluación del peso, y que le habría generado pérdidas al departamento por 320.000 millones de pesos.

La acusación fue recibida por la Corte Suprema, que durante 2022, en medio de la campaña electoral, deberá llevar a cabo el juicio contra Fajardo.

CENTROS POBLADOS

Por su presunta participación en la adjudicación del contrato entre MinTic y Centros Poblados, Emilio Tapia, Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados y Juan José Laverde, integrante de Rave Agencia de Seguros, fueron imputados por los delitos de falsedad en documento privado por la garantía que presentaron del Banco Itaú, además de fraude procesal por las garantías de cumplimiento y acta de inicio del contrato.

Para el próximo año se espera que estas tres personas sean acusadas por estos delitos e inicie el juicio oral. Sin embargo, en el caso de Emilio Tapia todo podría cambiar, pues se presume que aceptaría los cargos que le imputaron para llegar a un preacuerdo con el ente acusador.

Por otro lado y en una nueva línea investigativa la Fiscalía anunció que el próximo 23 de febrero los empresarios Ottomar Lascarro Torres, Juan Carlos Cáceres, Luis Fernando Duque, Juan José Laverde y Emilio Tapia serán imputados por los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, de acuerdo con su posible participación en las conductas ilícitas.

Parte fundamental del proceso en 2022 será lo que determine la Corte Suprema de Justicia en el caso de la exministra Karen Abudinen, señalada por haber permitido la selección irregular del contratista. Entre otras cosas, la Corte también deberá estudiar la denuncia presentada por la exministra contra la representante Katherine Miranda, por presuntas injuria y calumnia, por utilizar su apellido como un insulto.

ODEBRECHT

En 2022 deberá resolverse el juicio contra Luis Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), quien tiene un proceso abierto por interés indebido en celebración de contratos y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.

Esto, según las autoridades, porque conoció y permitió el pago de millonarios sobornos a cambio de que Odebrecht se apropiara de la obra pública correspondiente a la ruta del sol, tramo Ocaña-Gamarra.

Este caso se encuentra en etapa de juicio oral y se espera que el próximo año se pueda llegar a proferir una sentencia condenatoria o absolutoria al respecto.

Por otro lado, Andrade enfrenta otro proceso por peculado por apropiación a favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos, el cual se encuentra en la resolución de un recurso de nulidad presentado por la defensa, que buscar evitar que este sea acusado formalmente y que se resolverá el próximo año

CASO HYUNDAI

El próximo año, luego de ser extraditado desde España a Colombia, el empresario colombo-español Carlos Mattos, tendrá que enfrentarse a dos juicios por su supuesta participación en una especie de 'carrusel' de sobornos, con los que habría conseguido quedarse con la representación de Hyundai en Colombia.

El empresario está siendo investigado como presunto responsable de cohecho, por haber entregado presuntamente 100 millones de pesos a la juez 16 civil municipal de Bogotá Ligia del Carmen Hernández, para que fallara a su favor en un litigio con una compañía ecuatoriana por la distribución de vehículos asiáticos en Colombia.

Aunque han corrido versiones sobre una supuesta propuesta de Mattos para llegar a un preacuerdo con la Fiscalía, que le permitiera eventualmente reducir su pena, el hecho de que él fuera la cabeza de este entramado y lo avanzado que está el proceso en su contra le dan poco margen de negociación con las autoridades.

AIDA VICTORIA MERLANO

Aida Victoria Merlano es investigada por el delito de fuga de presos por su presunta participación en la fuga de su madre, la ex congresista Aida Merlano, en el año 2019.

La Fiscalía también asegura que para el momento en que la excongresista salió de la cárcel no contaba con los elementos que le permitieron escapar por la ventana del consultorio, por lo que se asume que le fueron entregados en el lugar de los hechos.

Este proceso se encuentra en etapa de juicio oral y aunque no se ha permitido el ingreso de medios de comunicación a las diligencias se espera que el próximo año se pueda llegar a proferir una sentencia al respecto.

MUERTES EN MARCHAS

Las marchas de protesta registradas en el país tanto en 2019, como en 2020 y 2021 dejaron varias investigaciones en curso, que han tenido resultados desiguales.

La investigación por la muerte de Dylan Cruz, ocurrida en 2019, pasó buena parte del año pasado en la resolución de un conflicto de competencia entre la justicia penal militar y la justicia ordinaria, que finalmente, por decisión de la Corte Constitucional, quedó en manos de esta última. Aunque el caso está en manos de la Fiscalía, hasta el momento no se conocen decisiones al respecto.

En los hechos ocurridos en Bogotá, el 9 y 10 de septiembre de 2020, luego de la muerte de Javier Ordoñez a manos de dos miembros de la Policía, no hay claridad aún de cuantas personas perdieron la vida. Un reciente informe de la ONU reportó que en los hechos ocurridos solamente en Bogotá hubo 11 muertos, pero de parte de la Fiscalía no hay un informe consolidado. Sí ha habido algunas capturas de miembros de la policía que habrían estado involucrado en los asesinatos cometidos en el CAI Verbenal y el CAI Rincón, pero sólo están vinculados a cuatro de los casos.

Frente a las protestas de 2021, la Fiscalía registró 17 homicidios en todo el país, con 19 presuntos victimarios involucrados, de los cuales 9 son civiles y 10, integrantes de la Fuerza Pública.

CASO GRAFITERO

Por ocultar y destruir pruebas en el caso del homicidio del grafitero Diego Felipe Becerra en 2011, el excomandante de la Policía de Bogotá, Francisco Patiño, fue imputado por los delitos de favorecimiento en homicidio y fraude procesal.

Se espera que en 2022 el proceso avance y sea acusado por estos delitos para luego poder iniciar el juicio oral.