Tutela a CoronApp abre la puerta a tratamiento de datos por el Gobierno
La Corte Constitucional estudiará una tutela interpuesta por Juanita Goebertus, Alejandra Martínez, Sol Marina de la Rosa y Claudia Julieta Duque.
CoronApp es la aplicación creada por el Ministerio de Salud que tenía como propósito el llevar un registro nacional sobre los casos de COVID-19 presentes en el país. Esta se desarrolló al inicio de la pandemia y se tildó como una respuesta tecnológica a lo que se venía en el país.
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Sin embargo, las dudas entorno al tratamiento de datos de la aplicación generó que hoy, la Corte Constitucional tenga que estudiar una tutela presentada por Juanita Goebertus, Alejandra Martínez, Sol Marina de la Rosa y Claudia Julieta Duque, quienes manifiestan que la información brindada puede representar riesgos para ellas y también para la ciudadanía.
Hay que recalcar que, para una de las tutelantes, por su situación de riesgo y por el ejercicio de su profesión como periodista, la entrega de esta información personal y sensible supuso un sacrificio mucho más elevado al dar a conocer datos como su ubicación, trayectoria y destino final.
¿Qué dicen los expertos?
Según la fundación Karisma, una organización que busca responder a las amenazas y oportunidades que plantea la 'tecnología para el desarrollo', es importante que la Corte Constitucional dicte las pautas sobre cómo se garantizarán derechos como la privacidad y la protección de datos personales en la aplicación de medidas gubernamentales como forma de responder al coronavirus.
¿Qué podría pasar?
Sin duda, la decisión que tome la Corte abrirá la puerta a una posible regulación sobre los datos que manejan las entidades gubernamentales de los ciudadanos. Recordemos, que bajo el marco de la protesta se hicieron evidentes algunos baches de seguridad que podrían en riesgo información sensible de los usuarios.
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"Creemos que este caso permitirá, en definitiva, actualizar el contenido de la Ley 1581 de 2012 de protección de datos en lo que tiene que ver con las obligaciones a cargo de las autoridades que usan y despliegan tecnologías digitales con el fin de preservar la salud pública, las garantías con las que cuentan las personas frente a su uso, entre otros", afirman desde Karisma