Funcionarios públicos y miembros de DD.HH. estarían al servicio del crimen
La Fiscalía tiene evidencia que trabajarían para las disidencias en la frontera con Venezuela
Funcionarios públicos y miembros de DD.HH. estarían al servicio de las disidencias en Arauca y la zona de frontera con Venezuela / FOTO FISCALÍA GENERAL
En total son 16 los detenidos y según la Fiscalía, habrían aprovechado sus roles públicos para conseguir dotación, víveres e insumos, y hasta licitaciones públicas para beneficiar al frente 10 de las disidencias.
Entre los implicados aparecen Alexander Botía Amaya, secretario de Desarrollo Agropecuario y Sostenible de la Gobernación de Arauca; Ruth Pita, concejal de Fortul; Camilo Espinel Manrique, concejal de Saravena; Fredy Leonar Camargo, secretario de Planeación de Fortul.
En esta red, figuran Nini Johana Cardozo Dueña, coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas y quien hace parte del Consejo Nacional de Paz. Tenía medidas de protección de la UNP, y cuatro personas más que, supuestamente, obtuvieron los esquemas de seguridad con amenazas falsas.
Otro de los implicados es Jhon Alexander Romero Acevedo, representante de una fundación de derechos humanos y exgerente de la Terminal de Transportes de Tame.
Anderson Rodríguez Rodríguez, presidente de la Asociación de Campesinos de Arauca (ACA). Tenía medidas de protección de la UNP
También aparece Diana Carolina Molina, una enfermera, quien presuntamente utilizó un documento de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para movilizar integrantes de las disidencias que resultaban heridos en los combates y llevarlos al hospital de Saravena, donde los hacía pasar como lesionados en accidentes de tránsito.
“No es posible aceptar por parte de los colombianos y debe rechazarse que servidores públicos, que juraron proteger la institucionalidad, defrauden la confianza y el respeto que se le deben a las instituciones en Colombia. Del mismo modo, no pueden existir argumentos para aceptar que miembros de organizaciones no gubernamentales terminen delinquiendo y permitiendo que algunas de esas organizaciones no cumplan la función que deben cumplir, que es la de proteger los derechos humanos”, señaló el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.
De acuerdo con el expediente judicial, estas personas también estarían involucradas directamente en dos acciones criminales con una red de secuestros
