Los reparos de la Judicatura a la Reforma Judicial
La alta Corporación pide al legislativo que sean revisados varios artículos
En el Congreso de la República se tramita la Reforma a la Justicia / COLPRENSA
Para la Judicatura la modificación de varios artículos de la Reforma a la Justicia que cursa en el Congreso de la República le restaría independencia a la Rama Judicial por lo que pide que sean revisados a profundidad.
Nuevas facultades a la Comisión Interinstitucional
Que la Comisión Interinstitucional coadministre la rama judicial y decida sobre asuntos de planeación, presupuesto y plan de inversión mediante la figura del concepto previo vinculante, generaría que los presidentes de las Cortes ocupen tiempo en procesos ajenos a su función esencial de impartir justicia.
Para el Consejo Superior de la Judicatura, esa iniciativa generará mayores costos, por cuanto los integrantes de la comisión, al carecer de la experticia propia en temas de gobierno y administración, requieren de un comité técnico asesor conformado por tres (3) asesores
Generará un riesgo que puede comprometer la autonomía e independencia en la función judicial de los presidentes de las Cortes, al tener que interactuar con el Gobierno Nacional o el Congreso de la República, para negociar los recursos requeridos en cada vigencia.
Transformación digital con aprobación de la comisión Interinstitucional
Funciones electorales en la comisión Interinstitucional
La reforma propone que la Comisión elija tanto al director Ejecutivo de la Rama Judicial como a los directores Seccionales de Administración Judicial, pondría en riesgo la autonomía e independencia de la Justicia consagrada por la Constitución, Además generaría impedimentos e inhabilidades innecesarias para los magistrados de Alta Corte que intervengan en la postulación y elección de alguno de estos servidores judiciales.
Abrir la puerta a profesionales sin experiencia en altos cargos
La reforma propone que, para ejercer el cargo de magistrado de Alta Corte, los abogados que cuenten con títulos adicionales en programas de educación superior podrán acreditar como experiencia profesional aquella adquirida en ejercicio de profesiones como ciencia política, gobierno, finanzas, economía, administración de empresas y administración pública.
Esa iniciativa crearía un alto riesgo en las Altas Cortes, al posibilitar que una magistratura pueda ser desempeñada por un profesional carente de idoneidad, madurez y conocimiento específico para desempeñar el cargo, emitiendo sentencias que pongan en riesgo la seguridad jurídica y los derechos de los ciudadanos.
