Departamentos con más casos de asesinatos de líderes en Colombia

En el informe del relator especial de la ONU sobre la situación de líderes sociales en Colombia se describe que las zonas en donde más se matan a los líderes son las rurales, lo que está provocando un vacío de liderazgo en esos puntos del país y aumentando los índices de impunidad.

Según el estudio de la Comisión Colombiana de Juristas citado por la ONU, entre la firma del Acuerdo de Paz y finales de julio de 2018, “del total de las personas defensoras asesinadas 23 % son dignatarios/as de las Juntas de Acción Comunal (incluyendo cuatro líderes afrodescendientes), 20 % líderes y lideresas comunales, 20 % líderes y lideresas étnicos (12 % indígenas y 9 % afrodescendientes), 5 % defensores de los derechos de las víctimas, 11 % líderes y lideresas campesinos, 2 % reclamantes de tierra y 2 % abogados/as defensores de derechos humanos”.

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De acuerdo con la Alta Consejería para los Derechos Humanos de la Presidencia, cuando se cruzan datos de la Defensoría, la ONU y la Fiscalía, las partes del territorio nacional más afectadas por la violencia contra los líderes son la Subregión del Suroccidente en la que están los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y la costa pacífica de Nariño, incluyendo Tumaco; la subregión del Urabá antioqueño y chocoano, que incluye Antioquia y Chocó; la subregión del nororiente: Catatumbo y Cúcuta en Norte de Santander y el departamento de Arauca. Y zonas del sur de Córdoba, sur de Bolívar, sur del Cesar, el Bajo Cauca antioqueño, el norte y nordeste antioqueño, el sur del Meta, Guaviare y Putumayo.

Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac, encuentra un punto común en estas zonas y es que son sitios en los que se han presentado disputas entre grupos de crimen organizado por el control territorial. Restrepo, además, cree que los picos de violencia no están necesariamente relacionados con la implementación del acuerdo de paz.

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“Este fenómeno en las regiones no es nuevo, es algo que viene de al menos diez años atrás y ha tenido variaciones en el corto y el largo plazo, pero no veo que la violencia haya aumentado en los últimos cuatro años. Por eso yo no veo una conexión entre la violencia en estos territorios y la firma del acuerdo de paz. Si revisamos las cifras después del 2016, ha habido periodos de subida de las cifras y de caída de las cifras, por eso yo no veo asociación. Una hipótesis es que podría tener que ver con disputas políticas, porque en enero del 2018, cuando hubo elecciones presidenciales, aumentaron los casos, y luego hubo una reducción”, dice el experto en violencia y conflicto armado.

La Alta Consejería para los Derechos Humanos asegura que en esas zonas, como lo dice Restrepo, hay alto riesgo por la convergencia de presencia de Grupos Armados Organizados (GAO), el ELN, GAO Residual, ‘Clan del golfo’, ‘Los Pelusos’ y ‘Los Caparrapos’; y 21 Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) que se disputan el control de economías ilícitas en torno a la cadena de narcotráfico, la explotación ilícita de yacimientos mineros, recursos naturales y el despojo de tierras.