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Belén de Umbría debe tomar medidas por hacinamiento en cárcel de Pereira

Según el Consejo de Estado, el municipio debe ser incluido en lista de entidades responsables de hacinamiento en cárcel de Pereira.

Belén de Umbría debe tomar medidas por hacinamiento en cárcel de Pereira

Belén de Umbría debe tomar medidas por hacinamiento en cárcel de Pereira(Colprensa)

La decisión del Consejo de Estado obedece a una nueva acción popular que interpuso el defensor del Pueblo Regional de Risaralda, debido a la falta de un establecimiento de reclusión para las personas sometidas a detención preventiva en Belén de Umbría.

Sostuvo que, al no contar con una cárcel de esa naturaleza en el municipio, se estaba contribuyendo al hacinamiento que se vive en los tres penales del departamento.

En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Risaralda negó las pretensiones de la demanda.

También afirmó que no se demostró de qué manera la cantidad de personas privadas de la libertad en detención preventiva contribuían al hacinamiento.

Se sostuvo que se comprobó que en Belén de Umbría no existe una penitenciaría para personas cobijadas con medida de aseguramiento preventivo.

El Consejo de Estado revocó el fallo del Tribunal y ordenó proteger los derechos colectivos invocados.

Además, aclaró que, a pesar de la falta de una cárcel para detenidos preventivamente en Belén de Umbría, se tiene contratado el servicio con el INPEC para que las reclusas detenidas preventivamente sean remitidas a las cárceles de Anserma (Caldas) y ‘La Badea’ de Pereira.

Sin embargo, dado que en otra acción popular el Consejo de Estado comprobó que en las tres cárceles del departamento se viven graves condiciones de hacinamiento, entre otras cosas, debido al incumplimiento en el que los entes territoriales han venido incurriendo para crear, administrar y vigilar las cárceles para detenidos preventivamente.

Por último, se decidió que este municipio también debe contribuir al cumplimiento de la acción popular que obliga a las autoridades carcelarias, a la Gobernación y al municipio, a tomar las medidas presupuestales y administrativas necesarias para proteger los derechos colectivos de los reclusos de las tres penitenciarías de Risaralda.

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