El debate sobre realizar modificaciones al proceso de implementación del acuerdo de paz firmado con las FARC revivió el pasado 18 de mayo, por una declaración del ministro de defensa, <strong>Carlos Holmes Trujillo,</strong> en un debate de control político citado por el Centro Democrático, su partido. Allí, el también excanciller, pidió <strong>"no cerrar la puerta a cambios hacia adelante".</strong>"Viene el debate que queda inmerso en esta visión polarizante, por razones verdaderamente inexistentes desde el punto de vista de la búsqueda de la paz, <strong>si conviene o no hacer algunos cambios hacia adelante, </strong>sin afectar si quiera el texto del acuerdo. Yo humildemente digo, con toda claridad, que sí es bueno abrir esa posibilidad", indicó el ministro ese día.<strong>La declaración armó una auténtica tormenta política</strong>, de la que participaron sectores defensores del acuerdo y otros que han mostrado reparos.También en esa discusión entró el gobierno, específicamente el alto consejero para la Estabilización, Emilio Archila, quien esa misma semana aseguró que la puerta a la modificación del acuerdo está cerrada. <strong>En entrevista con Caracol Radio lanzó la siguiente frase: "En los temas de la implementación no hay sino una sola voz, que es la voz del presidente".</strong>Las declaraciones del ministro Trujillo también provocaron la reacción del exjefe negociador del gobierno en los diálogos con las Farc, Humberto de la Calle, quien <strong>no echó en saco roto lo dicho por el funcionario</strong>: "Propuso no tocar el Acuerdo y discutir la implementación. Sobre la base Acuerdo Incólume podríamos oír inquietudes, para mejorar". También aprovechó para fijar un límite claro: "<strong>El jefe de Holmes, doctor Uribe, ahora pide cambios de fondo. Eso es inviable, inconveniente e inconstitucional"</strong>.El gobierno considera que ha venido cumpliendo en todos los frentes con la implementación del acuerdo de paz. <strong>El alto consejero para la Estabilización, Emilio Archila, sostiene que en 20 meses se ha avanzado más de lo realizado en los últimos 5 años</strong> y cita como ejemplo la reparación a las víctimas.Pero frente a la posibilidad de adelantar un pacto para modificar o sacar adelante la implementación, el funcionario asegura que<strong> la puerta ha estado abierta a escuchar las distintas voces</strong>: "Siempre hemos tenido los brazos abiertos, hemos tenido esta invitación de que el país rodee la manera como estamos actuando, si hay que corregirlas las podamos corregir, para eso en la mesa que el propio presidente instauró después de las protestas, la mesa de paz con legalidad, <strong>hemos venido oyendo a la sociedad civil, a los colombianos que quieren aportar"</strong>, aseguró Archila.Sin embargo, en personas cercanas al acuerdo de paz, como el exministro del interior, <strong>Juan Fernando Cristo</strong>, la percepción que hay es que el gobierno viene llevando a cabo la implementación de manera unilateral: "Hay una implementación unilateral del acuerdo de paz. <strong>Están desconociendo todos los instrumentos que contenía para garantizar su éxito.</strong> La CSIVI, la Comisión de Notables, los países garantes. Creo que en estos dos años se han venido debilitando mucho esos instrumentos y, obviamente, poco o nada se escucha a la sociedad civil", aseguró Cristo.A juicio del exministro del Interior, <strong>cualquier modificación debe contar con participación de las partes,</strong> es decir, el Estado y las Farc. También advirtió que cambios a la implementación no puede haber, porque se estarían haciendo ajustes al acuerdo y plantea más bien un consenso nacional para establecer en qué puntos se puede acelerar."Lo que uno sí puede hablar es de <strong>cómo se aborda la implementación del acuerdo y de si hay unas prioridades que vale la pena que se saquen adelante</strong>, de consenso en toda la sociedad colombiana y que se entienda también que a este gobierno solamente le faltan dos años, prácticamente, y que no va a poder avanzar en la implementación de todos los puntos. Así entiendo el acuerdo, en una priorización (...) para que nos concentremos todos los colombianos en <strong>qué es lo que tenemos que hacer para garantizar la vida de los líderes sociales y de los excombatientes de las FARC</strong>, allí el Estado no está cumpliendo su compromiso".Para el gobierno, <strong>es claro que el acuerdo de paz establece responsabilidades para las partes</strong> y fija instancias para discusión de algunos temas, pero el consejero Archila deja ver que hay decisiones sobre la implementación que <strong>pueden ser adoptadas por el Gobierno, sin desconocer que hay puntos en los que se requiere trabajar de manera conjunta.</strong>"El Consejo de Estado fue muy claro al decir que la existencia de instancias en donde le hacemos seguimiento las FARC y nosotros (al acuerdo) no podía de ninguna manera implicar un cogobierno. <strong>La responsabilidad de tomar decisiones es del gobierno colombiano y no se puede delegar en ninguna de las instancias que creó el acuerdo</strong>. Ahora, en muchos de los temas es mandatorio que trabajemos conjuntamente", dijo Archila.La discusión que se ha generado en torno a la implementación y los ajustes al acuerdo de paz, es de varios años, pero tomó nueva fuerza en medio de la pandemia, producto de un <strong>debate de control político virtual que citaron las senadoras Paloma Valencia y María del Rosario Guerra,</strong> contexto en el que el ministro Carlos Holmes planteó su idea.Desde el partido de gobierno, su líder natural, el expresidente Álvaro Uribe, c<strong>onsidera que es necesario hacer ajustes a la Jurisdicción Especial para la Paz.</strong>Y la senadora Paloma Valencia, una de las voces más influyentes de esa colectividad y quien acaba ser nombrada integrante del Consejo Nacional de Paz, <strong>ve la revisión de la implementación desde la perspectiva del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el hoy partido FARC en temas como la entrega de bienes.</strong> También, en reformas que, asegura, se debe hacer a la JEP: "Si bien va a seguir funcionando, es importante ajustar esa implementación a las realidades de la Fuerza Pública. Esto es que<strong> no todos los que se están sometiendo son culpables y por lo tanto tiene que haber una justicia con presunción de inocencia</strong> y unos jueces con independencia", indica la senadora.En el<strong> partido FARC </strong>los reparos a la implementación del acuerdo de paz son varios, al punto que el senador Carlos Antonio Lozada considera que debe modificarse lo que ha hecho el gobierno hasta el momento: "<strong>Lo que hay que modificar no es el acuerdo, sino la política de implementación que viene adelantando el gobierno Duque.</strong> Nos gustaría, por supuesto, hablar sobre la reforma rural integral, la implementación de los PDET tal como están contemplados en el acuerdo y no lo que nos han querido mostrar ahora como PDET".El Congresista mantiene la postura de su partido de no abrir espacio a cambios de lo firmado: <strong>"Lo que obviamente no estamos dispuestos a aceptar es ninguna modificación del acuerdo</strong>, pero sobre la implementación lo que habría que modificar sería todo, porque este gobierno más que implementar está haciendo una simulación de la implementación".