Los investigados por la Procuraduría

Alcaldes, gobernadores y funcionarios públicos hacen parte del voluminoso expediente del ministerio Público.

Procuraduría adelanta 512 procesos disciplinarios por presuntas irregularidades en 26 gobernaciones y 272 alcaldías en la emergencia sanitaria por covid-19.

De los 512 procesos disciplinarios, 68 tienen relación con 26 gobernaciones. 53 están en indagación, 12 en investigación y 3 en juicio disciplinario.

GOBERNADORES

La Procuraduría abrió investigación al Gobernador del Tolima, José Ricardo Orozco Valero, y a otros 11 funcionarios del departamento, por presuntas irregularidades en el proceso de selección, perfeccionamiento y supervisión en siete contratos por aproximadamente $14.000 millones, para atender la emergencia derivada del covid-19.

La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán González, y a la secretaria de Salud del departamento, María Cristina Lesmes Duque, por presuntos sobrecostos en el contrato para la compra de 400 mil tapabocas N95, 50 mil caretas de protección, 300 mil tapabocas 3 capas, 54 mil polainas desechables, 50 mil batas antifluido y 100 camas hospitalarias con la empresa Medical Pharmacy, por un valor de $15.132.829.976, para atender emergencia por la covid-19.

Procuraduría abre investigación por contrato entre presidencia y Du Branss

El ministerio público abrió investigación y suspendió provisionalmente, por tres meses, a la secretaria General de la Gobernación de Cesar, Lorena Paola Hernández Dangond, y a la jefe de la Oficina de Riesgo y Cambio Climático, María José Páez Díaz, por presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de cinco contratos por más de $2.600 millones de pesos, con las fundaciones Visión Caribe, para el Desarrollo Social de los Colombianos, por un Vivir Mejor y Abiezer del Cesar, para la entrega de 20.900 kits de mercados para la población vulnerable de los municipios de Chimichagua, Becerril, El Paso y Valledupar.

Procurador ordenó al gobernador suspender millonario contrato

Apertura de investigación al gobernador de Amazonas, Jesús Galdino Cedeño, y a los secretarios de Gobierno y Asuntos Sociales, Cristian Camilo Aldana Salazar, de Educación, Víctor Manuel Mora, y a la profesional universitaria de la Secretaría de Educación, Linda Marcela Velásquez Vera, por presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de los contratos de suministro.

La Procuraduría abrió investigación al gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins Sjogreep, y a su secretaria de Gobierno, Jacqueline Blanco Yepes, por presuntas irregularidades en el contrato 540 de 2020, para el suministro de 50.000 unidades de tapabocas, de guantes y de gel antibacterial por un valor de $521 millones de pesos.

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