Serían <strong>nueve alertas tempranas las que la Defensoría del Pueblo habría realizado desde 2018</strong> en Miravalle y Santa Elena, uno de los lugares donde se presentó el <strong>asesinato de cuatro contratistas</strong> que realizaban labores de topografía.“<strong>Durante las últimas 72 horas se han presentado 10 homicidios</strong> que <strong>se habrían podido prevenir</strong> si las alertas tempranas que lanzamos desde la Defensoría<strong> se hubieran atendido</strong>. Nuestra gente<strong> está poniendo los muertos y se está desangrando</strong> en el norte del Cauca”, afirmó Rossi Jair Muñoz, defensor del pueblo del departamento.De acuerdo con Muñoz, cuando se dan estas alertas tempranas <strong>se convocan todas las autoridades y en especial el Ministerio del Interior,</strong> para que<strong> hagan seguimiento y tomen medidas</strong> que eviten los riesgos para la población.“Sin embargo <strong>parece que no tuvieron en cuenta los informes,</strong> sin importar que los funcionarios que incumplen con las observaciones y alertas tempranas, <strong>son objeto del código disciplinario único”</strong>, recalcó.Asimismo, afirmó que <strong>están haciendo un trabajo conjunto para contrarrestar las amenazas,</strong> “estuve en Tacueyó, la comunidad confía en la institución por eso<strong> hemos insistido en las ‘carpas blancas’</strong>, donde todas las autoridades puedan reunirse”.Después del oficio del 23 de abril emitido por la Defensoría,<strong> se han presentado más de 25 hechos victimizantes.</strong>