El <strong>Estado colombiano</strong> pasará al tablero para rendir cuentas sobre su incumplimiento con relación a <strong>14 de las 22 sentencias e</strong>n las cuales ha sido condenado ante la justicia internacional, por su responsabilidad en violaciones de <a title="Derechos humanos" href="https://caracol.com.co/tag/derechos_humanos/a/" target="_blank">derechos humanos</a>.Las diligencias que se hacen a puerta cerrada en el centro de Bogotá contarán con la presencia de víctimas de masacres emblemáticas que marcaron al país por la barbarie de sus acciones. La<a title="CIDH" href="https://caracol.com.co/tag/cidh_corte_interamericana_derechos_humanos/a/" target="_blank"> Corte Interamericana de Derechos Humanos</a> (CIDH), tendrá expuestos tres paneles concretos. El <strong>primero</strong> de ellos concierne a la revisión de seis casos de <strong>desaparición</strong> <strong>forzada</strong> en el que se verificará si el Estado ha cumplido con su obligación de realizar la búsqueda, identificación, <strong>exhumación</strong> y entrega digna de los restos a los <strong>familiares</strong> de las víctimas. El segundo panel revisará sentencias que tienen <strong>enfoque</strong> <strong>psicosocial</strong> y enfoque diferencial. Esto luego de que en <strong>2017</strong> se pactara que además de la reparación económica le deben brindar a las <strong>víctimas</strong> el <strong>servicio</strong> de médico especializado en atender <strong>víctimas</strong> de <strong>violencia</strong>. El <strong>tercer</strong> y <strong>último</strong> <strong>panel</strong> es la una revisión individual al avance de los <strong>procesos</strong> <strong>penales</strong> en curso. <strong>EL PRIMER PANEL </strong><em><strong>‘Las Palmeras’</strong></em> La primera en la lista de la<strong> Corte IDH</strong> se encuentra ‘Las Palmeras’, allí el 23 de enero de <strong>1991</strong> en la localidad de<strong> Las Palmeras,</strong> el comandante departamental de la Policía de <strong>Putumayo</strong> ordenó a miembros de la Institución y del <strong>Ejército</strong> llevar a cabo una <strong>operación</strong> armada. Los miembros de la<a title="Fuerza Pública" href="https://caracol.com.co/tag/fuerza_publica/a/" target="_blank"> Fuerza Pública</a> acudiendo a este llamado, llegaron a una escuela rural donde detuvieron y asesinaron a siete personas: Artemio Pantoja Ordóñez, Hernán Javier Cuarán, Julio Milciades Cerón Gómez, Edebraiz Cerón Rojas, William Hamilton Cerón Rojas, Hernán Lizcano Jacanamejoy y Moisés Ojeda. Si bien, en algunos casos ha <strong>existido reparación</strong>, lo que busca el alto tribunal internacional es identificar a <strong>Moisés</strong> <strong>Ojeda</strong>, dentro de un plazo <strong>razonable</strong>, exhumar y entregar sus restos mortales a sus <strong>familiares</strong>. ‘<strong>Isaza Uribe</strong>’ El reporte de la <strong>CIDH</strong> da cuenta de que en 1987, 19 <strong>comerciantes</strong> de productos electrodomésticos fueron desaparecidos por <strong>grupos paramilitares</strong> en el <strong>Magdalena</strong> Medio. En esta ocasión lo que busca la <strong>CIDH</strong> con la <strong>audiencia</strong> es revisar si se ha efectuado, en un plazo razonable una búsqueda seria, en la cual se determine lo ocurrido con los restos de las <strong>víctimas</strong>. <strong>‘Caballero Delgado y Santana’ </strong>El expediente data que el 7 de febrero de 1989 <strong>Isidro</strong> <strong>Caballero</strong> <strong>Delgado</strong> y María del <strong>Carmen Santana</strong>, miembros del <strong>Movimiento</strong> <strong>19</strong> de Abril, fueron detenidos por miembros del Ejército y por <strong>varios</strong> <strong>civiles</strong> que trabajaban con ellos. Los familiares de <strong>Caballero</strong> <strong>Delgado</strong> y <strong>Santana</strong> iniciaron su búsqueda en diversas instalaciones militares. Sin embargo, las <strong>autoridades</strong> a <strong>cargo</strong> de dichos centros negaron que hubieran sido <strong>aprehendidos</strong>. En ese entonces, se interpusieron acciones <strong>judiciales</strong> y <strong>administrativas</strong> para ubicar el <strong>paradero</strong> de la pareja y sancionar a los responsables directos, sin embargo, ninguna de estas acciones obtuvo un resultado positivo, por lo que tuvo que intervenir el <strong>organismo internacional</strong>. Así las cosas, en la audiencia se revisará el <strong>cumplimiento</strong> del Estado para continuar con los esfuerzos de localizar los restos de las víctimas y entregarlos a sus familiares. <strong>‘Puerto Bello’ </strong>El 14 de enero de 1990 en el corregimiento de <strong>Pueblo Bello,</strong> en el municipio de Turbo (<strong>Antioquia</strong>), 43 campesinos fueron trasladados por un grupo ilegal hasta el municipio de Valencia, en Córdoba, a la finca Las Tangas de los <strong>Castaño</strong> <strong>Gil</strong>, donde fueron torturados y asesinados. En este caso, el organismo estimó que al menos <strong>353</strong> personas resultaron afectadas. La <strong>CIDH</strong> hace seguimiento al caso. <strong>‘Vereda la Esperanza’ </strong>En este caso, el reporte data del año 1996, entre el <strong>21</strong> y <strong>27</strong> de junio, cuando las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM) lideradas por Ramón María <strong>Isaza</strong> <strong>Arango</strong> y apoyadas por el Ejército, destruyeron la vereda la Esperanza, en El Carmen de <strong>Viboral</strong>, un municipio agricultor situado entre las montañas que rodean la autopista <strong>Medellín</strong>-<strong>Bogotá</strong>. Por estos hechos, más de 120 personas han emprendido luchas judiciales para que se esclarezcan los hechos. <strong>‘Manuel Cepeda Vargas’ </strong><strong>Manuel</strong> <strong>Cepeda</strong> <strong>Vargas</strong>, padre del actual senador del Polo Democrático, <strong>Iván</strong> Cepeda, era Comunicador Social y líder del <strong>Partido</strong> <strong>Comunista</strong> <strong>Colombiano</strong> (PCC) y de la <strong>UP</strong>. Fue elegido como <strong>Representante</strong> a la <strong>Cámara</strong> durante el período 1991-1994 y como Senador de la República para el período <strong>1994</strong>-<strong>1998</strong>. Según reposa en el expediente, el <strong>9 de agosto de 1994</strong>, fue asesinado cuando se desplazaba desde su vivienda hacia el <a title="Congreso Colombia" href="https://caracol.com.co/tag/congreso_republica_colombia/a/" target="_blank">Congreso</a>. El reporte da cuenta de que su muerte se registró por su militancia política de oposición, y sus<strong> publicaciones como Comunicador Social </strong><em><strong>‘Guillermo Soler’ </strong></em>De acuerdo con el reporte, el 24 de agosto de 1994 Wilson Gutiérrez Soler fue detenido por el comandante de una unidad urbana de la <strong>Unidad</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>Antiextorsión</strong> y <strong>Secuestro</strong> de la <strong>Policía</strong>. En ese entonces, según el <strong>expediente</strong>, Soler fue conducido al sótano de las instalaciones de dicha unidad, donde fue esposado y víctima de <strong>quemaduras, golpes y lesiones. </strong>Y además fue forzado a dar una declaración sobre los hechos motivo de su <strong>detención</strong>, por lo que se le abrió un proceso en su contra por el <strong>delito de extorsión. </strong><em><strong>‘La Rochela’ </strong></em>En enero de 1989, paramilitares hicieron presencia en <strong>La Rochela</strong>, municipio de <strong>Simacota</strong>, <strong>Santander</strong>, donde atacaron a una comisión de 16 funcionarios judiciales que investigaba la responsabilidad de civiles y militares en múltiples homicidios y desapariciones cometidas en la zona del <strong>Magdalena Medio</strong>. <strong>Precisamente</strong> los funcionarios estaban investigando la desaparición de 19 comerciantes que transitaban por la región cuando los <a title="Paramilitares" href="https://caracol.com.co/tag/paramilitares/a/" target="_blank"><strong>paramilitares</strong> </a>dispararon al grupo. El <strong>saldo</strong> fue <strong>13 personas asesinadas</strong> y tres heridas. Autoridades <strong>judiciales</strong> dan cuenta de que el crimen fue el resultado de una alianza entre <strong>paramilitares</strong>, <strong>narcotraficantes</strong> y algunos miembros del <strong>Ejército</strong>, y se enmarca dentro de un contexto de <strong>violencia</strong> contra funcionarios <strong>judiciales</strong>. <em><strong>‘Escué Zapata’ </strong></em>En febrero de 1988, <strong>Germán</strong> <strong>Escué</strong> <strong>Zapata</strong>, Gobernador del resguardo indígena de Jambaló, en el departamento del <strong>Cauca</strong>, fue asesinado por integrantes del <a title="Ejército Nacional Colombia" href="https://caracol.com.co/tag/ejercito_nacional_colombia/a/" target="_blank">Ejército</a>, al parecer, por su defensa del territorio. Desde ese entonces las autoridades judiciales han investigado lo ocurrido. <em><strong>‘Valle Jaramillo’ </strong></em>A partir de 1996 el defensor de<strong> DD.HH</strong> Jesús María Valle Jaramillo empezó a denunciar las actividades de grupos paramilitares, particularmente en el municipio de <strong>Ituango</strong>. El 27 de febrero de 1998, dos hombres armados irrumpieron en la oficina <strong>Jaramillo</strong> en la ciudad de <strong>Medellín</strong> y le dispararon, provocando su muerte instantánea. <em><strong>‘Masacres de Ituango’ </strong></em>El 11 de junio de <strong>1996</strong> al menos <strong>22 paramilitares</strong> se dirigieron al corregimiento de La Granja, en <strong>Ituango (</strong>Antioquia), donde asesinaron a un grupo de pobladores. A pesar de los recursos<strong> judiciales interpuestos,</strong> no se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a los <strong>responsables. </strong>Del mismo modo, hubo reporte de que entre los días <strong>22 de octubre y 12 de noviembre</strong> del año 1997 tuvo lugar otra incursión paramilitar en el corregimiento de El Aro, también en <strong>Ituango</strong>. Al menos <strong>30 hombres armados torturaron</strong> y <strong>asesinaron</strong> a un grupo de pobladores. <strong>Adicionalmente</strong>, el grupo paramilitar obligó y forzó, bajo amenaza de muerte, a algunos residentes del área a <strong>arrear</strong> <strong>ganado robado</strong> durante varios días. Durante la incursión, los paramilitares sustrajeron entre <strong>800</strong> y <strong>1.200 cabezas de ganado</strong>. Finalmente, antes de retirarse de<strong> El Aro, l</strong>os paramilitares destruyeron e incendiaron gran parte de las <strong>casas</strong>. ‘<em><strong>Mapiripán</strong></em>’ El 12 de julio de 1997 aproximadamente un centenar de <strong>paramilitares</strong> aterrizaron en el aeropuerto de <strong>San José de Guaviare</strong> en vuelos irregulares procedentes de los aeropuertos de<strong> Neclocí y Apartadó,</strong> controlados por la<strong> Fuerza Pública</strong>, ubicados en la región del Urabá <strong>antioqueño</strong>, siendo recogidos por miembros del <strong>Ejército Nacional,</strong> quienes facilitaron su transporte aéreo y terrestre hasta <strong>Mapiripán</strong>. En la carretera, se les unieron miembros de estos<strong> grupos criminales</strong> procedentes de <strong>Casanare y Meta</strong> y desde allí, por vía fluvial, continuaron su recorrido sin inconvenientes hasta Charras, en la orilla opuesta al <strong>río Guaviare. </strong>Durante el recorrido de<strong> San José del Guaviare a Mapiripán, l</strong>os miembros del grupo <strong>paramilitar</strong> transitaron sin ser detenidos por áreas de entrenamiento de las tropas de la <strong>Brigada Móvil II. </strong>Por estos hechos han sido condenados varios paramilitares y el general <strong>Jaime</strong> <strong>Humberto</strong> <strong>Uscátegui</strong>, entonces comandante de la Brigada VII con jurisdicción en la zona, quien se acogió a la <strong>justicia transicional</strong> pidiendo la revisión de la decisión de la <a title="Corte Suprema de Justicia" href="https://caracol.com.co/tag/corte_suprema_justicia_colombia/a/" target="_blank">Corte Suprema de Justicia. </a><strong><em>TERCER PANEL </em></strong><strong>‘Palacio de Justicia’ </strong>El 6 de noviembre de 1985, el comando guerrillero <strong>'Iván Marino Ospina'</strong>, del grupo M-19, tomó el Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema y del Consejo de Estado en Bogotá. De acuerdo con el organismo internacional, el <strong>Ejército</strong> ya contaba, desde agosto de ese año, con información del servicio de Inteligencia que indicaba que el<a title="M-19" href="https://caracol.com.co/tag/m_19_movimiento_diecinueve_abril/a/" target="_blank"> M-19</a> se tomaría el <strong>Palacio</strong>. A pesar de ello, dos días antes de la toma, sin motivo alguno, la seguridad que <strong>brindaba</strong> la <strong>Policía</strong> a los jueces y personal que trabajaba en el <strong>Palacio</strong> fue retirada. Tras la toma, los altos mandos de las<strong> Fuerzas Armadas</strong> decidieron recuperar el Palacio a través de un operativo militar y de Inteligencia que sólo cesaría <strong>27 horas después. </strong>Durante el transcurso del operativo, doce personas fueron desaparecidas forzosamente, cuatro fueron torturadas y un <strong>magistrado auxiliar</strong> fue desaparecido y luego ejecutado extrajudicialmente por agentes de la fuerza publica. Más de <strong>90</strong> <strong>personas</strong> murieron dentro del Palacio, incluyendo <strong>civiles</strong> y <strong>magistrados</strong>.