El enredo para la Fiscalía está <strong>en el capítulo que hace dos años dejó como capturada a Básima Elias, prima del ex senador Bernardo Miguel Ñoño Elías</strong>. Los investigadores solicitaron la preclusión, que cerraran la investigación, y un juez negó esa posibilidad. La Fiscalía apeló y el caso llegó al <strong>Tribunal de Bogotá</strong> que hizo varias advertencias al ente investigador: El magistrado del Tribunal le dice a la Fiscalía que la mera solicitud para cerrar una investigación <strong>no es suficiente para que un juez la ordene</strong>. Deben cumplir con los requisitos mínimos para <strong>exonerar de responsabilidad a un procesado</strong>.En criterio del Tribunal los jueces no son simples “piedras” en las audiencias judiciales<strong>, ni actúan como notarios de la Fiscalía.</strong>Para el magistrado, y el juez que negó el cierre de la investigación, <strong>existe material probatorio </strong>que demostraría como la prima del ex senador ñoño Elías <strong>sabía del origen de los recursos entregados por Otto Bula.</strong>Las declaraciones que están en el proceso indican, en concepto del magistrado, que <strong>hubo un plan criminal</strong> para esconder o buscar una forma ilegal de <strong>llevar el dinero hasta las manos del senador Elías.</strong>Tras negar la preclusión en el caso de Básima Elías <strong>el magistrado le dice a la Fiscalía que debe cumplir con su función constitucional</strong>: investigar y juzgar.Incluso hace una reflexión al considerar que son muchos los esfuerzos para luchar contra la corrupción, <strong>esfuerzos que se nublan con peticiones como cerrar investigaciones</strong> cuando existe evidencia de lo contrario, por eso le pide <strong>mayor vigilancia a la Procuraduría</strong>.Dice el magistrado que no entiende por qué en este capítulo del escándalo de Odebrecht <strong>no hay víctimas acreditadas</strong>, entendiendo que fueron varias las entidades del Estado las <strong>afectadas con los actos de corrupción</strong>.Le ordena a la Fiscalía adelantar las diligencias para que las entidades <strong>se acrediten como víctimas y así puedan exigir una reparación integral</strong> en favor del Estado.En la misma decisión <strong>le pide a la Contraloría que ejerza control y vigilancia</strong> de cara a resarcir los perjuicios económicos que provocaron los <strong>sobornos ofrecidos por la multinacional.</strong>