La <strong>Procuraduría General de la Nación,</strong> la <strong>Contraloría General de la República</strong>, la <strong>Defensoría del Pueblo</strong> y la <strong>Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas</strong> hicieron una revisión de la aplicación de la Ley de Víctimas y señalaron que <strong>faltan entre 2019 y 2021 $115,9 billones</strong> para ejecutar la política pública de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.<em><strong>Le puede interesar: <a title="Consejo de Estado deja en firme curul del senador Mockus" href="http://caracol.com.co/radio/2019/08/06/judicial/1565119734_337411.html">Consejo de Estado deja en firme curul del senador Mockus</a></strong></em>Para el <strong>Procurador Fernando Carrillo</strong> no son destacables las metas del gobierno frente a esa materia y tampoco la ejecución, pues el número de víctimas susceptibles de <strong>indemnización es de 6´495.713,</strong> y de estas se han indemnizado 821.836, lo que corresponde a tan <strong>solo el 12.6%.</strong>Además, en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo se establece una meta de<strong> 1´427.777 víctimas reparadas</strong> administrativamente. Lo que significa que habiendo terminado la vigencia de la ley no se alcanzará a indemnizar ni al<strong> 20% de víctimas</strong> que tienen este derecho.“De los 669 sujetos reconocidos, <strong>solo 140 cuentan con un plan aprobado</strong> y únicamente seis han terminado la ejecución de las medidas de reparación. El panorama frente a los sujetos colectivos étnicos es aún más preocupante pues el 70% se encuentran en el primer paso de la ruta y solamente hay 30 casos de planes integrales de reparación colectiva aprobados y en implementación. Adicionalmente el <strong>nuevo modelo Operativo de Reparación Colectiva</strong> no fue consultado con los pueblos étnicos”, se señaló.El informe también advirtió que <strong>entre 2018 y 2019</strong> los recursos dirigidos a las comunidades étnicas<strong> han disminuido</strong>, en el caso de los pueblos indígenas correspondió a un 34%; en un 25% para comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, y en un 43% para el pueblo Rrom, lo que indica un retroceso en las acciones con enfoque diferencial que<strong> afecta el seguimiento específico de los recursos.</strong><strong style="font-size: 22px;">Balance de la restitución de tierras y derechos territoriales</strong>De la totalidad de solicitudes de restitución (121.462), 64% han sido negadas por la Unidad de Restitución de Tierras, muchas de ellas argumentando razones que no se ajustan a la ley.<em><strong>Lea también: <a title="Sindicato de Migración pidió que no se politice la entidad" href="http://caracol.com.co/radio/2019/08/06/judicial/1565114669_104640.html">Sindicato de Migración pidió que no se politice la entidad</a></strong></em>En relación con la sostenibilidad de la restitución, las comisiones observan con preocupación la persistencia de los fenómenos del despojo y el abandono forzado en la zona rural. Específicamente en la <strong>región del Pacífico, la Orinoquía y la región Andino-Amazónica,</strong> las dinámicas violentas se derivan del fenómeno de la deforestación y posterior desarrollo de actividades destinadas al cultivo de coca, cultivos agrícolas industriales, ganadería extensiva y explotación minera.