Mermelada 2.0

Hay alertas encendidas –tal vez un poco tarde para el Gobierno—por un proyecto de reforma constitucional, al que le faltan dos debates, que busca que el 20% del presupuesto de inversión anual se asigne bajo las pautas del Congreso. De ser aprobado, cada congresista tendría injerencia en la destinación de al menos $30 mil millones, función que hoy es de la autonomía del Gobierno.

Dicho proyecto permitiría que los congresistas le metan la mano a los recursos de inversión hasta en un 20% de manera que su facultad los habilite para pedir traslados entre partidas presupuestales, aumentarlas o disminuirlas o incluir nuevas partidas, siempre en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.

A esta iniciativa se opone el gobierno Duque, y lo apoyan los gremios, pero se enfrenta a casi todo el Congreso, incluido su partido, con excepción del representante Gabriel Santos. Es una especie de grito de independencia de los congresistas que no quieren seguir “arrodillados” al ministro de Hacienda cada año cuando se asignan las partidas para las regiones. Es ese el momento en el que tienen la posibilidad para pedir plata para un puente, una escuela o una carretera.

El sistema actual ha sido cuestionado por la falta de transparencia. Todos saben en el Congreso que esa chequera del ministro de Hacienda es usada como zanahoria para conseguir respaldo a los proyectos del gobierno y que se negocia a puerta cerrada en los despachos del Ministerio o en las oficinas de los congresistas. Pero además se le cuestiona porque no es equitativo en la medida en que la mayor tajada se la llevan los congresistas de las comisiones económicas por donde pasan el presupuesto o los cupos de crédito para el endeudamiento del Gobierno. El Ñoño Elías y otros caciques preferían estar en esas comisiones que en las primeras.

En torno de este proyecto tanto los congresistas como el Gobierno tienen argumentos válidos para defenderlo o cuestionarlo. Tiene buena presentación, por ejemplo, que es más transparente meter la mano al presupuesto de cara a la opinión que negociar partidas a medianoche en un despacho. Pero también puede ser válido argumentar que coadministrar la asignación de los recursos causa desorden fiscal y puede llevar a ineficiencias en la ejecución o pérdida del foco en las necesidades reales de las regiones. El gobierno teme, por ejemplo, que los congresistas pueden orientar recursos más a distritos de riego en un municipio que a obras que llevan años esperando una partida.

El tema es de mucho calado. El proyecto podría verse como una respuesta a la restricción del reparto de mermelada por parte del gobierno Duque, pero también como un cheque en blanco para la campaña que se avecina. Con él, los congresistas podrían comprometer obras con quienes resulten elegidos.

Para el gobierno es una señal preocupante que tenga el respaldo de todos los partidos. Si sale aprobado, los congresistas se sentirían más libres para actuar en materia de proyectos del gobierno y eso complicaría aún más la gobernabilidad de Duque. En la práctica, el proyecto podría causar desorden en las prioridades de inversión de las regiones, pero sobre todo genera preocupación por los vínculos de los políticos con contratistas locales que financian campañas a cambio de adjudicaciones. Al gobierno parece haberle cogido la noche no solo con los proyectos de su agenda sino también con la del Congreso.