Ex directivos de Uspec y Fonade no aceptan cargos por presunta corrupción
La Fiscalía los señala de presuntas irregularidades en contratación y pide 18 años de cárcel.
María Cristina Palau, exdirectora de la USPEC, Juan Carlos Montoya, exfuncionario de la USPEC y exfuncionario de Fonade, Héctor Julio Álvarez, exsecretario de infraestructura de Córdoba y exfuncionario de Fonade, Hugo Bula Mercado, exfuncionario de Fonade y Marcela Sofía Arias, contratista, tendrían que pagar hasta 18 años de cárcel por irregularidades en contratación para la interventoría de viviendas e infraestructura de cárceles.
Los exfuncionarios ayudaron a que se diera un concepto favorable el 25 de abril de 2017, por parte del Comité Evaluador, para que se contratara al Consorcio Interviviendas. Una interventoría a 4678 viviendas que costaba al menos $ 16.612.000.000.
Para la Fiscal determinaron las empresas a las que se invitaría de forma privada, falsificaron documentos concernientes a la experiencia técnica para cumplir con los requisitos de la convocatoria privada y ser adjudicatarios del millonario contrato, también facilitaron al consorcio Interviviendas información reservada para subsanar los errores en la propuesta.
Adicionalmente, influyeron en el comité evaluador y establecieron una empresa criminal “proyectada con permanencia en el tiempo para bajo el mismo modos operandi hacerse a otros nuevos contratos en la entidad Fonade, como por ejemplo, el contrato entre Fonade y Uspec”.
La Fiscalia imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir a los cinco detenidos. A Héctor Julio Álvarez Rivero se le añadió el delito de enriquecimiento ilícito y a Hugo Bula Mercado cohecho propio y enriquecimiento ilícito.