<strong>Lo que ocurrió en Medellín con la fuga de algunos detenidos y los motines en las Unidades de Reacción Inmediata de Bogotá</strong>, que hasta muertos dejaron, rebosaron la copa del <strong>fiscal general Néstor Humberto Martínez.</strong><strong>El fiscal envió una carta al director del Inpec</strong>, el general <strong>William Ernesto Ruíz </strong>para advertirle que la operatividad de la Fiscalía está en riesgo, <strong>por cuenta de la reiterada omisión de funciones de esa entidad </strong>en el traslado de detenidos.<strong>Lea también: <a href="https://caracol.com.co/radio/2019/02/27/judicial/1551253474_817428.html">No habría más capturas por hacinamiento en URIs y cárceles</a></strong><strong>Martínez dijo que</strong>, a pesar de la insistencia de la <strong>Fiscalía por buscar soluciones estructurales al problema de hacinamiento</strong>, la respuesta del <strong>Inpec</strong> no es efectiva.“Pese a los reiterados requerimientos que la Fiscalía ha elevado ante el Inpec desde el año anterior, no se ha obtenido una solución eficaz a esta problemática al punto de que en estos momentos será imposible que la Fiscalía pueda continuar llevando a cabo capturas en los departamentos de Atlántico, Bogotá, Boyacá, Cauca, Cesar, Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Quindío y Risaralda”.<strong>En las URI hay capacidad para tener a 686 personas </strong>privadas de la libertad, <strong>pero en la actualidad son más de 926.</strong><strong>Medellín hay espacio para 35 detenidos</strong>, pero permanecen <strong>más de 80</strong><strong>Bogotá son 400 personas detenidas</strong> y la capacidad esa <strong>para 200.</strong><strong>Atlántico tiene más de 80 detenidos </strong>y apenas <strong>hay espacio para 50.</strong>S<strong>egún la carta en sedes de la Fiscalía, </strong>cómo Valledupar hay detenidos que completaron hasta tres años en celdas que se supone eran de paso, <strong>para un mes cuando mucho.</strong><strong>La ministra de justicia Gloría María Borrero</strong> explicó que la grave <strong>situación de las Uri la deben compartir las administraciones locales</strong>, pues la responsabilidad del <strong>Inpec está en la población de detenidos condenados y no los sindicados.</strong><strong>La ministra insiste que si fuera por los condenados el país no sufriría de hacinamiento</strong>, pero el problema está en los sindicados, de esa cifra sale la sobre población, <strong>de ahí que no tienen solución cercana.</strong><strong>Lea también:<a href="https://caracol.com.co/radio/2019/02/27/judicial/1551235572_291162.html"> CEJ pide celeridad en elección del presidente de la Corte Suprema</a></strong>