"Ineficaz y costosa", así rechazan decreto para incautar dosis mínima
En una carta al presidente Duque, organizaciones le exponen cuatro puntos que sustentan su posición.
Dejusticia y el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho enviaron una carta al presidente Iván Duque insistiéndole que el decreto que permitirá desde hoy el decomiso de la dosis mínima no es lo que requiere el país para solucionar el problema del consumo de drogas.
“Consideramos que la medida es ineficaz y costosa, no contribuye a avanzar a la solución del problema de las drogas y, por el contrario, promueve la discriminación y estigmatización de las personas que las usan”, se lee.
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Las organizaciones aseguran que prevenir el consumo a través de herramientas policivas y sancionatorias, “no logran diferenciar el consumo problemático, del consumo ocasional o recreativo”, y le exponen cuatro razones para rechazarlo.
El primero, es que aseguran que no es una medida novedosa, pues existen múltiples normas que les dan lineamientos a las autoridades sobre cómo controlar el porte y consumo de drogas; segundo, es que no resulta ser un remedio contra el microtráfico, pues, “no es claro cómo esto va a afectar a las redes criminales que se lucran del negocio de la droga”.
Tercero, es que el decreto realmente “estigmatiza y criminaliza a los consumidores de ciertos sectores sociales”.
“En la carta enviada al presidente, resaltamos cómo este decreto categoriza a las personas que usan drogas como “delincuentes” o “enfermos”, desconociendo que la mayoría de esta población usa drogas de manera recreativa, sin que eso afecte su salud, ni los derechos de los demás. Esta es una actividad que pertenece a la esfera personal y no debe ser objeto de una política pública”, informaron.
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Y por último, el cuarto argumento, es que una medida represiva es disidente del abordaje de esta problemática como componente de salud pública.
“Este enfoque resulta a todas luces contradictorio con las recomendaciones de distintas organizaciones internacionales y de la Asamblea Mundial de Drogas de 2016, en la que se urgió a los gobiernos para que el uso de drogas fuera abordado desde un enfoque de salud pública”, afirman.