El <strong>tribunal peruano</strong> encargado del proceso por la <strong>matanza de Pativilca</strong> (1992), donde murieron seis campesinos tras ser <strong>torturados</strong>, decidió hoy no aplicar al e<strong>xpresidente Alberto Fujimori</strong> el <strong>derecho de gracia</strong> que le <strong>concedió el actual mandatario</strong>, <strong>Pedro Pablo Kuczynski</strong>, y mantenerlo como acusado.El <strong>Colegiado B</strong> de la <strong>Sala Penal Nacional</strong> aceptó la petición de la defensa de las víctimas de <strong>no aplicar el derecho de gracia que impide a Fujimori</strong> ser procesado en otros casos tras <strong>el indulto</strong> que recibió el pasado diciembre a la condena a 25 años de cárcel que cumplía desde 2009 por delitos de <strong>lesa humanidad</strong>.El <strong>abogado de Fujimori, Miguel Pérez</strong>, anunció a medios locales que "lo que queda es <strong>impugnar la decisión</strong>" para librarle del <strong>juicio a Fujimori</strong>, condenado ya como <strong>autor mediato</strong> (con dominio del hecho) de la muerte de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas al igual que <strong>Pativilca</strong> por el <strong>grupo militar encubierto Colina</strong>.Durante la audiencia donde se evaluó la petición, el <strong>fiscal Luis Landa</strong>, titular de la <strong>Tercera Fiscalía Penal Nacional</strong>, argumentó que el derecho de gracia fue emitido fuera de plazo para que pudiera ser aplicado al proceso por la <strong>matanza de Pativilca</strong>.Para este caso <strong>Fujimori</strong>, para quien el <strong>fiscal pide 25 años</strong> de prisión, vuelve a estar acusado como autor mediato por el secuestro, torturas y asesinato de seis hombres de entre <strong>38 y 17 años</strong> en el m<strong>unicipio de Pativilca,</strong> a <strong>183 kilómetros al norte de Lima</strong>, donde los cadáveres fueron encontrados con signos de violencia y disparos en la cabeza.El <strong>caso Pativilca</strong> fue incluido en 2015 dentro de la <strong>extradición que la Justicia chilena</strong> aprobó en 2007, después de que <strong>Fujimori</strong> fuera detenido en el país austral tras previamente haberse fugado a Japón, desde donde renunció a la <strong>Presidencia de Perú por fax</strong>.El <strong>abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera</strong>, quien defiende a las víctimas de <strong>Barrios Altos y La Cantuta</strong>, aseguró que se trata de una decisión histórica del <strong>Poder Judicial</strong>, aunque matizó que seguramente la defensa de <strong>Fujimori</strong> la recurra ante la <strong>Corte Suprema</strong>.No obstante, Rivera indicó que el próximo punto de debate es conocer si el fiscal Luis Landa solicita alguna medida que asegure la presencia de <strong>Fujimori</strong> en el proceso, ya sea la prisión preventiva, "dado sus antecedentes"; o un impedimento de salida del país.<strong>Fujimori,</strong> de <strong>79 años</strong>, reside actualmente en una lujosa casa de 1.900 metros cuadrados en el pudiente <strong>distrito limeño de La Molina</strong>, cuyo alquiler bordea los 5.000 dólares mensuales, tras ser excarcelado con el indulto concedido la pasada Nochebuena por <strong>Kuczynski</strong>, que también le eximía de cualquier otro proceso judicial.<strong>Kuczynski</strong> argumentó su medida en razones humanitarias al supuestamente padecer el expresidente una enfermedad grave no terminal y degenerativa que se agravaba dentro de prisión, pero la resolución solo nombraba algunos males crónicos como una <strong>fibrilación auricular paroxística</strong>.Sin embargo, el indulto adquirió un profundo matiz político al otorgarse solo tres días después de que <strong>Kuczynski</strong> se salvara de ser destituido por el <strong>Congreso</strong> gracias a la abstención de diez congresistas <strong>fujimoristas</strong> liderados por <strong>Kenji Fujimori</strong>, hijo menor del expresidente, quien le había pedido liberar a su padre.