Lujosa camioneta del excontralor Turbay es usada para registrar niños en zonas alejadas
Para delegado de la Auditoria la utilización del vehículo blindado en tareas del Estado justifica el archivo de la investigación al excontralor.
José Luis Franco, director de responsabilidad fiscal de la Auditoria General de la República, el pasado 18 de julio cuando no había titular al frente de la entidad, ordenó el archivo de una investigación que se adelantaba al excontralor Julio César Turbay Quintero por la compra y adecuación de una lujosa camioneta Mercedes Benz como oficinal móvil
Caracol Radio conoció los argumentos de la decisión que advierte que no hubo detrimento para el Estado porque la camioneta hoy está siendo utilizada por la Superintendencia de Notariado y Registro en el programa de restitución y formalización de predios y en el registro civil de niños en zonas apartadas
Actualmente, la camioneta Mercedes Benz sprinter 413 está en La Pintada, Antioquia, según informó el Superintendente, Jorge Enrique Vélez
LA HISTORIALa camioneta fue adquirida por la Contraloría General en enero de 2008 por un valor de $119 millones de pesos y de inmediato fue sometida a un blindaje tipo 4 que tuvo un costo superior a los $254 millones de pesos
Para su acondicionamiento como oficinal móvil del contralor Turbay se le acondicionaron 6 sillas de cuero tipo jet, una mesa de juntas, una nevera portátil, un televisor LCD de 32 pulgadas con home theatre y un sistema de comunicación y megáfono de alto poder. Esta adecuación tuvo un costo de 295 millones de pesos
Un informe de la Auditoria señaló que la camioneta estuvo 10 meses en un parqueadero del sector de Alamos, en el occidente de Bogotá, sin prestar ningún servicio
La contralora Sandra Morelli al llegar al ente de control entregó en comodato a la Superintendencia de Notariado el lujoso vehículo para que fuera utilizado en las labores de la entidad en zonas de difícil acceso por motivos de orden público, teniendo en cuenta las características de seguridad de la camioneta
LA DECISIÓNEl proceso contra el excontralor Turbay Quintero estuvo abierto hasta el 4 de junio cuando el entonces auditor general, Jaime Ardila Barrera, dejó la entidad y fue nombrada en condición de encargada Sara García
El 19 de julio, cuando la señora García se encontraba de licencia y el Consejo de Estado adelantaba el proceso de elección de la nueva auditora, Laura Emilse Marulanda; el director de responsabilidad fiscal de la Auditoria General, José Luis Franco, ordenó el archivo del expediente y no le contó a nadie
En su decisión el delegado asegura que la orden de compra de la camioneta obedeció a la necesidad de contar con una oficina móvil que permitiera a los ciudadanos participar en los procesos de control fiscal
Frente al cargo de la inversión de más de $254 millones en el blindaje de la camioneta, el delegado Franco señaló que “dadas las calidades del excontralor General de la República como autoridad pública, de un elevado nivel jerárquico en la estructura del Estado, el riesgo inmanente a ello, y la calificación de la Policía Nacional del riesgo atinente a este funcionario como extraordinario, fue que se estableció la necesidad de blindar la camioneta Mercedes Benz Sprinter 413”
Sobre la inversión de los $295 millones de pesos en la adecuación de la lujosa oficina móvil el delegado aseguró que “corresponden a los necesarios para una oficina móvil, y que no son suntuosos u ostentosos, nótese como por ejemplo las sillas tipo Jet, son apenas una referencia y corresponden a una especificación de ergonomía que el mercado ofrece, sin que necesariamente ello corresponda a las empleadas en los equipamientos aeronáuticos”
Para el delegado José Luis Franco el Estado se ha beneficiado con la adquisición de la camioneta Mercedes Benz, que actualmente se encuentra en comodato en la Superintendencia de Notariado y Registro
“De acuerdo con todo lo anteriormente analizado es necesario concluir que no existe daño patrimonial por la compra, adecuación y blindaje de la camioneta Mercedes Benz de placas OBG 227, en tanto que la necesidad que se pretendió satisfacer con los correspondientes contratos fue real y tuvo estrecha relación con el quehacer misional de la Contraloría General de la República, para la época de los hechos, y desde la compra hasta el día de hoy ha sido utilizada por el Estado, quien ha obteniendo provecho de ello”, puntualiza el delegado.
