Cierre de televisión pública en Grecia reaviva las protestas y el descontento

La radiotelevisión pública griega ERT dejó de existir la pasada medianoche, si bien centenares de los 2.656 trabajadores que forman la plantilla siguen manteniendo ocupada su sede en Atenas. El ministerio de Finanzas anunció poco antes de la medianoche que a partir de ese momento ERT dejaba de existir, la sede debía ser desalojada y la programación suspendida "hasta la aprobación de una ley que establezca la creación de una nueva cadena pública". Las señales empezaron a caer una a una poco antes de la medianoche, mientras los trabajadores de ERT emitían información continua en directo. La plantilla había decidido autogestionarse y luchar contra un cierre anunciado inesperadamente unas horas antes por el portavoz de Gobierno, Simos Kedikoglu. Para esta mañana hay prevista una nueva manifestación y el sindicato de medios ha convocado para el miércoles una huelga de 24 horas en las cadenas de televisión y el jueves en la prensa escrita. Mientras, ERT sigue por el momento retransmitiendo por su canal digital. El anuncio del cierre cayó como un jarro de agua fría no solo en el mundo del periodismo, sino también entre los intelectuales, deportistas, la Iglesia y la diáspora, para la que con frecuencia el canal internacional de la televisión pública es el único nexo con su país de origen. Al anunciar la desaparición de ERT, Kedikoglu señaló que en lugar del actual ente se creará "cuanto antes" otra empresa pública "moderna", más eficiente y con una plantilla "mucho más pequeña". El portavoz dijo que con esta decisión, el Gobierno ponía punto final a un "despilfarro" de fondos públicos y demostraba su "voluntad política" de reformar el sistema de radiodifusión pública. Entre los políticos nadie ha puesto en duda la necesidad de modernizar la radiotelevisión pública, ni siquiera el principal partido de la oposición, el izquierdista Syriza, pero la reacción de rechazo al cierre drástico ha sido unánime. Incluso los dos socios de la coalición tripartita, socialdemócratas e izquierda moderada, cuyos ministros no firmaron el decreto, manifestaron su rechazo y anunciaron que votarán en contra en cuanto el texto sea sometido al Parlamento, lo que puede suponer una prueba de fuego para el Gobierno de Andonis Samarás.