Corrupción y salud: las causas de la salida de cuatro gobernadores

En algo más de un año, la Procuraduría General de la Nación ya destituyó a tres gobernadores elegidos en 2011: Héctor Fabio Useche, del Valle del Cauca; Cielo González Villa, del Huila; y recientemente a Nelson Mariño, del Casanare. Todos ellos tienen un común denominador en sus sanciones: la corrupción administrativa. El caso de mayor connotación fue el de Useche, quien llegó a las elecciones apoyado por el ex gobernador, Juan Carlos Abadía, de quien fue su secretario de salud. Justamente ese cargo fue el que le valió la destitución de la Procuraduría, que concluyó la existencia de irregularidades en la celebración de un contrato de prestación de servicios para la realización de cirugías bariátricas por mil millones de pesos, lo que le valió una sanción de destitución e inhabilidad de 12 años. Una vez destituido Useche, en junio de 2012, el Gobierno Nacional nombró a Aurelio Iragorri, quien se desempeñó como alto consejero presidencial para la Política; sin embargo el encargo no duró demasiado y en julio se realizaron elecciones atípicas en el Valle del Cauca que dejaron como ganador a Ubeimar Delgado Blandón, quien fue avalado por una coalición de siete partidos (La U, Liberal, Cambio Radical, Conservador, Verde, Aico y Asi), derrotando a Francined Cano, considerado el púpilo de Abadía y Useche. Un mes después el turno de la destitución sería para Cielo González Villa, blanco permanente de ataques de las Farc cuando se desempeñó como alcaldesa de Neiva. En su caso, el Ministerio Público señaló en su decisión que ejecutó de manera irregular ocho contratos de obra para la construcción y reparación de vías, así como la construcción y adecuación de edificaciones con la Universidad Surcolombiana (USCO). El fallo final: tres años de inhabilidad para ejercer cargos públicos. La última cabeza de gobernadores que rodó por cuenta de las investigaciones disciplinarias fue la de Mariño. En su caso, la Procuraduría comprobó, según la decisión de segunda instancia, que existieron irregularidades en varios contratos para suministrar comida a los niños del departamento, pues se suscribió y permitió la ejecución de un convenio de cooperación con Comfacasanare, entidad que no tenía la capacidad para desarrollar directamente las actividades del convenido razón por la cual tuvo que subcontratar por $1.200 millones valor que corresponde a la diferencia entre lo pagado por la Gobernación a Comfacasanare y el valor pagado por esta última al tercero contratado

Con respecto a Mariño, el Gobierno Nacional deberá nombrar esta semana a un gobernador ad hoc, mientras el movimiento Afrovides, que respalda al destituido gobernador, envía una terna. El último caso, esta vez de suspensión, que ha generado una fuerte polémica, es el de Campo Elías Teherán Dix, alcalde de Cartagena, afectado por un cáncer de pulmón y una hidrocefalia. Con respecto a el, la contralora Sandra Morelli sostuvo que el mandatario habría incurrido en presuntas irregularidades durante la celebración del contrato para el aseo de las escuelas públicas distritales, celebrado con la empresa Chemical Products, con un valor de $5.893 millones. Y es que la Alcaldía de Cartagena se convirtió en el último año en un verdadero 'carrusel' de mandatarios, pues una vez Teherán Dix fue recluido en un centro hospitalario, lo sucedieron Felipe Merlano de la Ossa, quien atendió la primera incapacidad que tuvo el alcalde en su primera fase de la enfermedad; posteriormente Óscar Brieva, encargado por Terán Dix cuando se le diagnosticó el cáncer de pulmón y debió alejarse del Palacio de la Aduana; después Bruce Mac Master, designado por el Ministerio del Interior el 9 de octubre, y finalmente Carlos Otero Gerdts. Aunque la incapacidad médica de Teherán Dix venció el pasado 31 de octubre, el tratamiento médico se ha extendido y no ha podido reasumir sus funciones, por lo que solo hasta que ese momento llegue, podrá ser notificado de manera oficial de la decisión de la Contraloría

Así como estos mandatarios locales, que no alcanzaron a permanecer un año en su cargo, la Procuraduría sancionó en 2012 a otros 209 alcaldes, 141 concejales y dos diputados.