Director de Acción Social podría ir a prisión por no acatar fallo de tutela

Hoy se cumplen los diez días hábiles para que la Agencia Presidencial pague más de 30 mil millones de pesos a 1.554 familias desplazadas por concepto se subsidios que no fueron cancelados, en algunos casos, desde 1997

A pesar de la impugnación interpuesta ante el Tribunal Superior de Bogotá, la entidad tiene la obligación de cancelar esos dineros, o de lo contrario su director, Diego Molano, no sólo deberá cancelar una multa sino que podría ir prisión hasta seis meses, de acuerdo a lo que resuelva un juez de la República ante el incidente de desacato que interponga Edwin Gutiérrez, abogado representante de las familias desplazadas. El fallo de tutela proferido el pasado 1 de junio, ordena que se entreguen "las ayudas humanitarias consistentes en subsidios de alimentación, aseo personal, abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas". Igualmente, critica la deficiente atención que se le brinda a la población desplazada y le ordena a la entidad estatal que elimine prácticas insanas como forzar a las personas a dormir en la calle frente a las oficinas Unidades de Atención y Orientación, para obtener un turno que le permita acceder a la información que allí se ofrece o negar el suministro de la Ayuda humanitaria de emergencia aduciendo extemporaneidad en su cobro