Liberalismo denuncia ante la OEA falta de garantías electorales

Ausencia de garantías electorales, empezando porque el presidente de la República es candidato de manera ilegal, denunció ente la Misión de Observación Electoral a la OEA el jefe y candidato del Partido Liberal, Rafael Pardo. El aspirante presidencial en reunión con el jefe de la Misión de la OEA, Enrique Correa, planteó seis puntos por los que considera que no hay garantías para un proceso electoral limpio, "siendo el primero el ejercicio de la candidatura ilegal del Presidente, que no puede serlo pero lo es según la legislación de hoy”

Agregó que el Presidente cumple a retazos o a la carta la llamada Ley de Garantías Electorales, pues a su arbitrio "escoge qué cumple y qué no cumple y opta por la intervención estatal en temas de publicidad y de conformación de opinión pública a favor de determinadas fuerzas políticas y en detrimento de otras”

Señaló que el presidente Uribe utiliza diferentes medios de comunicación y actos de gobierno los días domingo para realizar reuniones públicas y promover candidaturas de simpatizantes del gobierno, y amigos de sus partidos para promocionarlos

Sostuvo que en acrtos de corrupción el gobierno ha realizado convenios con varios alcaldes para trasladar recursos hacia campañas y candidatos afines. Dijo al respecto que son mares de dinero "que mucha gente dice que son de procedencia incierta, pero la realidad es que se trata de plata de procedencia cierta. Provienen del erario y de los impuestos que pagan los colombianos y con ellos se están financiando campañas políticas afines al Gobierno”, con alcaldes que son jefes de campaña en lo electoral, según el candidato liberal

Pardo manifestó que otro factor contra el proceso electoral es la violencia, que en el caso del Partido Liberal ha sido evidente con el asesinato de tres ediles de Sumapaz, localidad perteneciente a Bogotá, a manos de las Farc, mientras que hace una semana el veedor de su partido en Valencia, Córdoba, fue asesinado a manos de grupos paramilitares que ahora el gobierno denomina con otro nombre pero que son los mismos.