Expertos piden que el Congreso de EEUU apruebe la Ley Avena para revisar los casos de pena de muerte

El Congreso de EE.UU. debe aprobar cuanto antes la llamada "Ley Avena" sobre la revisión de las condenas a muerte para evitar el deterioro de las relaciones con otros países, advirtieron hoy expertos en derecho internacional. Varios expertos reaccionaron así a la ejecución por inyección letal en Huntsville (Texas) del mexicano José Medellín, condenado a muerte en 1994 por la violación y asesinato de dos menores. El "Acta para la Aplicación del Caso Avena de 2008", presentada por los demócratas Howard Berman y Zoe Lofgren, fue remitida al Comité Judicial de la Cámara de Representantes el pasado 14 de julio. Se desconoce si, en un año electoral y con una reducida agenda legislativa, el Congreso podrá actuar sobre la medida cuando reanude sus sesiones el mes próximo. La medida exige que los tribunales federales escuchen los reclamos de detenidos extranjeros que no fueron informados de su derecho a la asesoría consular, consagrado en la Convención de Viena de 1963. Ese fue el caso de Medellín y de otros 50 mexicanos que no tuvieron acceso a servicios consulares cuando fueron detenidos. La iniciativa, que tiene carácter retroactivo, señala que cualquier persona cuyos derechos hayan sido violados puede, mediante una acción civil, "obtener un remedio apropiado", que podría incluir la reducción o anulación de la sentencia. La Corte Internacional de Justicia (ICJ, en inglés) dictaminó recientemente que los 51 mexicanos en el corredor de la muerte en EE.UU. tenían derecho a una revisión judicial de sus casos. El estado de Texas hizo caso omiso de ese fallo y de las presiones del Ejecutivo y de diversos organismos internacionales para que suspendiera la ejecución de Medellín. Sandra Babcock, directora del Centro de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Leyes de Northwestern University y miembro del equipo defensor de Medellín, consideró que con esa acción se arriesga la seguridad de los estadounidenses en el exterior. "El Congreso debería aplicar de inmediato el fallo Avena y proveer una revisión judicial en los casos de los otros nacionales mexicanos a quienes se les negó acceso consular", aconsejó Babcock, quien presenció la ejecución de su cliente y la calificó como una "aberración". Sarah Cleveland, profesora de Derechos Humanos y Constitucionales de la Facultad de Leyes de la Universidad de Columbia, señaló que el caso tendrá un impacto en las relaciones exteriores y comerciales de EE.UU., si bien es difícil predecir su alcance. "Lo único que sabemos es que (las relaciones exteriores) van a ser difíciles de manejar. El Congreso y los gobernadores estatales deberían actuar de inmediato para que esta atroz violación no se repita", argumentó. El Gobierno de México envió anoche una nota de protesta al Departamento de Estado, en la que expresó preocupación "por el precedente que pueda sentar para los derechos" de los mexicanos que sean detenidos en este país. Un analista cercano al proceso judicial, que pidió no ser identificado por la sensibilidad del asunto, dijo que "la mejor carta de México es insistir en que el Congreso de EE.UU. sea el vehículo por el que se haga valer el derecho internacional". "Creo que a los mexicanos les tocará seguir insistiendo en la aprobación de esa ley porque ya agotaron los demás recursos y, hoy por hoy, es la mejor alternativa que les queda", enfatizó. Brian Evans, director de la campaña para la abolición de la pena de muerte de Amnistía Internacional en Estados Unidos, consideró que la Ley Avena, de aprobarse, "ayudaría a mejorar la imagen" del país. Con ella, "estaríamos enviando el mensaje de que respetamos el derecho internacional", subrayó. "Sería un problema si otros países deciden violar sus obligaciones con la Convención de Viena. Claramente (la ejecución de Medellín) ha molestado a México y eso sería suficiente incentivo para que el Congreso apruebe la Ley Avena", observó. Según el Departamento de Estado, 4.456 estadounidenses fueron detenidos en el extranjero en 2006, en comparación con 3.614 el año anterior. La mayoría de los casos ocurrió en México. Para un estadounidense recluido en una cárcel extranjera su tabla de salvación es, precisamente, su derecho a la asesoría consular.