Ultimátum al gobierno para que diseñe una política pública de atención a niños discapacitados

La Corte Constitucional le ordenó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al ministerio de Protección Social, que en un plazo máximo de cuatro meses presenten el diseño de una política pública para la atención de los menores de edad con discapacidad y en condiciones de extrema pobreza.
El Alto Tribunal tomó esa decisión luego de estudiar dos acciones de tutela interpuestas por los familiares de una niña y un niño con parálisis cerebral, que formaban parte del sistema de protección de Hogares Biológicos del ICBF, y que fueron sorpresivamente retirados del mismo, a pesar de continuar requiriendo los beneficios del programa.
Los magistrados de la Corte también le pidieron al gobierno nacional que adelante un censo de la población de menores discapacitados que hayan solicitado medidas de protección, para tener en cuenta la magnitud del problema, para darle una solución conveniente.
Según la Corte, el diseño de la política pública para atender a los niños discapacitados, debe tener en cuenta componentes como educación, salud y asistencia, y debe contar con los recursos suficientes para evitar su estancamiento.
La Corte Constitucional también le envió copias de la sentencia al ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga y a la directora de Planeación Nacional, Carolina Rentería, para que entreguen el presupuesto suficiente para que se pueda crear el programa de atención a los menores discapacitados.