Fiscal chilena abre el camino a la extradición de Fujimori

El contundente informe de la fiscal de la Corte Suprema chilena, Mónica Maldonado, a favor de la extradición de Alberto Fujimori, abre el camino para que el ex mandatario peruano sea entregado a la justicia de su país.
El informe, que no es vinculante para el juez del caso, Orlando Alvarez, establece que el ex mandatario (1990-2000) debe responder ante la justicia de su país por dos casos de violaciones de derechos humanos y ocho delitos de corrupción, según confirmó la propia Maldonado a los periodistas.
Los delitos corresponden a peculado o malversación de caudales, falsedad material e ideológica, colusión desleal, corrupción activa y homicidios calificados en los casos de las masacres de La Cantuta, donde fueron asesinados ocho estudiantes y un profesor, y de Barrios Altos, en la que murieron quince personas.
Respecto de estos dos últimos casos, Maldonado aclaró que los concibió como delitos de homicidio calificado y lesiones graves "porque así los calificó la Corte Suprema peruana".
Agregó, sin embargo, que en sus fundamentos sostiene que en base a los tratados del derecho penal internacional "son delitos de lesa humanidad, sin perjuicio que no fueron pedidos como tales".
Según abogados y analistas, la contundencia del informe de la Fiscal deja al ex mandatario peruano -que desde que llegó a Chile se convirtió en una "piedra en el zapato" para el gobierno- a un paso de enfrentar la justicia de su país, con la posibilidad de ir a la cárcel.
El abogado del Estado peruano, Alfredo Etcheverry recordó que el informe de Maldonado no obliga al juez Orlando Alvarez, que puede tenerlo o no en cuenta para su fallo de primera instancia, y alabó el documento presentado de la Fiscal.
"Es una opinión jurídica muy contundente, muy seria y espero que la sentencia que se dicte respete el informe de la Fiscal", indicó el jurista.
Maldonado emitió su opinión tras examinar una docena de cuadernos que contiene el proceso, en el que figuran los antecedentes aportados por el Estado peruano, que pidió su extradición, y los argumentos allegados por la defensa del ex mandatario.
El informe, que fue enviado hoy mismo al juez Alvarez, quien se encuentra con licencia médica, será una referencia para su fallo de primera instancia, que de todas maneras será apelado por la parte afectada, y la última palabra la tendrá la Corte Suprema, que deberá celebrar audiencias con alegatos de la acusación y la defensa.
La resolución final del máximo tribunal no solo definirá si Fujimori debe responder por sus presuntos crímenes, sino que también delimitará las causas que podrá investigar la justicia peruana, como lo establece el tratado de extradición bilateral.
El proceso de extradición se inició en enero de 2006 después que Fujimori llegara de sorpresa a Chile en noviembre de 2005 desde Japón, donde se había asilado el año 2000.
La llegada del polémico ex mandatario peruano se ha convertido en un dolor de cabeza para el gobierno chileno y para su homólogo peruano, ambos presionados por los temores sobre una eventual fuga de Fujimori, que se reavivaron tras conocerse el informe de la fiscal Maldonado.
Sobre esa base, el abogado Etcheverry anunció que estudia pedir la detención, aunque sea domiciliaria, de Fujimori, que está en libertad provisional, pero sujeto a una orden de arraigo que, según el gobierno peruano y los familiares de las víctimas, no será un impedimento si decide escapar.
En Chile, en tanto, agrupaciones de derechos humanos, el comité de refugiados políticos peruanos y parlamentarios socialdemócratas pidieron esta semana a las autoridades de gobierno y a la Corte Suprema que Fujimori sea detenido para evitar una eventual fuga.
Al respecto, el gobierno chileno dio garantías al Estado peruano.
"Lo que nosotros como gobierno vamos a hacer es dar las garantías de que cualquiera sea la resolución que adopte la Corte Suprema en su oportunidad, se cumpla", afirmó en La Moneda el ministro Portavoz, Ricardo Lagos Weber.
En sus últimas declaraciones al respecto, Fujimori aseguró en mayo pasado a un canal peruano que acatará "absolutamente y sin duda" el fallo de la justicia chilena.
Reiteró, asimismo, que no tiene planes de asilarse en la embajada de Japón en Santiago, como se ha especulado.
La presencia de Fujimori en Chile es repudiada por sectores progresistas chilenos que se han manifestado públicamente a favor de su extradición a Perú, mientras en la derecha política no se han levantado voces a su favor.
La defensa de Fujimori desdramatizó el informe de la fiscal, que según el abogado Gabriel Zaliasnik, ratifica lo que han dicho, "de que la solicitud de extradición es extraordinariamente débil", pues acoge "solo algunos de los casos y, a la vez, solo algunos de los delitos imputados".