Crisis en Ecuador: diputados destituidos querían entrar al Congreso

Cuatro personas resultaron heridas hoy durante una infructuosa incursión en el Congreso de Ecuador de un grupo de legisladores destituidos la semana pasada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), por "interferir" con el proceso de consulta popular para instaurar una Asamblea Constituyente.
Dos diputados, un policía y un partidario de los destituidos resultaron con heridas de diversa consideración, el más grave de ellos el legislador Hugo Romero, que cayó desde un muro al intentar ingresar en la sede del Legislativo, según la policía.
La diputada opositora Sylka Sánchez, del Partido Renovador Institucional de Acción Nacional (PRIAN), acusó a la policía de haberles agredido.
Dicho extremo fue negado por el jefe de la escolta legislativa, coronel Jorge Cueva, que acusó, a su vez, a los congresistas cesados de ingresar con violencia al recinto.
El diputado y vicepresidente de la Cámara Edison Chávez, del Partido Sociedad Patriótica (PSP), también destituido por el TSE, compareció en la calle con un parche en el ojo y aseguró que había sido agredido por la policía.
Junto a él, un hombre que no se identificó y que apoyaba a los diputados destituidos aseguró que había sufrido heridas en una pierna y un brazo por parte de los agentes, mientras un policía de la escolta legislativa tuvo que ser retirado por su compañeros con lesiones no precisadas.
Los incidentes comenzaron temprano, cuando una decena de diputados del PRIAN y del PSP intentaron romper un cerco de policías que custodiaba uno de los accesos laterales del recinto legislativo.
Tras casi una hora de forcejeo, los policías permitieron que los legisladores destituidos llegaran hasta un patio externo del recinto y luego al salón del pleno, por orden del presidente de la Cámara, Jorge Cevallos, también del PRIAN, pero que no se encuentra en la lista de los 57 cesados por el TSE.
Cevallos indicó que permitió el ingreso de los diputados para proteger la integridad física de éstos, pero luego anunció que suspendería la sesión ordinaria convocada para hoy.
El jefe del parlamento suspendió la sesión, de forma oficial, luego de tomar lista a los legisladores presentes, incluidos los cesados, lo que fue criticado por otros congresistas contrarios a que sus colegas vuelvan.
En la sala del pleno, donde se pasó lista a los diputados, estaban presentes 24, incluido Cevallos, lo que en cualquier caso no permitía instalar la sesión, ya que se requiere un quórum de 51, la mitad más uno de los 100 miembros de la cámara.
Al grito de "dictadura no, democracia sí", los destituidos acusaron al gobierno del presidente izquierdista, Rafael Correa, de ser el causante del "caos" y la "ruptura institucional" en el país, tras tildar de "inconstitucional" sus ceses por parte del TSE.
Los diputados destituidos que se encontraban en el interior del Congreso, y quienes en principio anunciaron que sólo les sacarían "muertos", tuvieron que desalojar el recinto aceleradamente, para evitar ser alcanzados por cientos de manifestantes que se congregaron en las afueras de la sede legislativa.
Los manifestantes, que exigían el "desalojo" de los destituidos, persiguieron a una camioneta, resguardada por agentes de civil y en la que se escondían media docena de diputados cesados, que abandonó el lugar a gran velocidad.
En tanto, el Tribunal Constitucional anunciaba que no admitía a trámite la solicitud del presidente del Congreso para dirimir el conflicto entre el Legislativo y el TSE, originado por la convocatoria de la consulta.
Cevallos pidió al TC dejar sin efecto la resolución del Congreso en la que sustituyó al presidente del TSE, Jorge Acosta, y la posterior del órgano electoral en la que fueron destituidos 57 diputados de los grupos de la mayoría del Legislativo, opuestos al gobierno.
Sin embargo, el TSE sí adelanta el trámite sobre la legalidad de esas dos decisiones, solicitada con anterioridad a la de Cevallos, que sólo buscaba dirimir el conflicto.
Los diputados cesados y sus partidos han anunciado que mantendrán reuniones y adoptarán medidas para que se respeten sus cargos, ya que consideran ilegal e inconstitucional su destitución.
El gobierno, por su parte, expresó su malestar por los sucesos de hoy en el Congreso, aunque son ahondar en los comentarios.
En una entrevista con una emisora de radio antes de que se produjeran los incidentes, Correa dijo que su gobierno respalda la destitución de los 57 diputados, por considerar que el TSE actuó apegada a derecho, por ser la máxima autoridad del país en periodos electorales.
El mandatario expresó su esperanza de que el Congreso reanude su trabajo cuanto antes, con los legisladores suplentes, que también formarán una mayoría opositora, pero -dijo- ojalá "racional y razonable, que se ciña a la Constitución y a las leyes".
Una mayoría opositora "que no trate de imponer su voluntad ilegalmente, porque aquí no vamos a aceptar dictaduras de ninguna especie", apostilló Correa.
La crisis

Ecuador vive una nueva crisis política con un grave enfrentamiento entre el gobierno, el Congreso y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), por los preparativos para la consulta sobre una Asamblea Constituyente.

Unos más y otros menos, la gran mayoría de políticos dice estar de acuerdo con la Asamblea Constituyente, para redactar una nueva Carta Magna, pero es el proceso para la consulta popular lo que mantiene crispada la situación.

Un día después de recibir del gobierno el estatuto para la Asamblea Constituyente, la semana pasada, el TSE convocó a una consulta para el próximo 15 de abril, con un procedimiento que rechaza el Congreso, indignado porque no conoció previamente el texto.

La factura de esa indignación se la pasó al TSE, al "sustituir" en la vocalía del organismo electoral a Jorge Acosta, una vez que el Partido Sociedad Patriótica, del ex presidente Lucio Gutiérrez, lo desconoció y designó a Alejandro Cepeda como su reemplazo.

Al no haber juicio político de por medio y al no existir la figura del "reemplazo" en la legislación, Acosta, que es presidente del TSE, no acató la decisión del Parlamento y más bien presidió una sesión en la que, con otros vocales del TSE, destituyó a los 52 diputados que decidieron su reemplazo.

También sumó a la lista de castigados a los cinco legisladores que el pasado lunes presentaron una demanda de inconstitucionalidad a la convocatoria al referendo ante el Tribunal Constitucional, que ya admitió a trámite el proceso y que podría resolverse incluso después del 15 de abril.

Los ciudadanos de a pie ven con sorpresa la destitución de los diputados del Parlamento, una institución que con su interpretación de la Constitución ha derrocado en los últimos años a tres presidentes elegidos en las urnas.

Sin embargo, ahora el Congreso ha sido víctima de una situación similar, pues el organismo electoral también está interpretando la Ley, según algunos analistas.

El TSE sostiene que, al estar en marcha un proceso electoral, es la máxima autoridad y puede destituir a cualquier funcionario que interfiera en su actividad, pero los legisladores se defienden argumentando que están en el cargo por elección popular.

En medio de la situación, el Ejecutivo ha respaldado al TSE y la policía, lista en mano, ha impedido que los diputados destituidos ingresen en el Parlamento, que no ha podido reunirse, pues los que se salvaron del TSE no suman el quórum exigido.

Así como el Congreso, también el TSE está dividido, pues los representantes de los legisladores destituidos no asisten a las sesiones.

El analista político Gonzalo Ruiz considera que el país está en "el límite del absurdo jurídico y político", mientras que otros expertos y ciudadanos de a pie defienden, con la Constitución en la mano, la legalidad de la actuación de unos y otros.

Pero hay quienes, como el constitucionalista Antonio Rodríguez, opinan que las actuaciones del TSE y del Congreso no tienen sustento y han llevado al país a un bloqueo institucional y legal, que es parte de una "cadena de absurdos".

Los diputados destituidos aseguran que el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, propicia una "dictadura" y que sigue los pasos de su amigo, el mandatario venezolano, Hugo Chávez, extremo rechazado por el gobernante.

Aunque los dardos apuntan a Correa, la oposición no tiene base firme para acusarlo, pues, aunque el Ejecutivo lo apoya, es el TSE el que aparece en la primera fila de la contienda contra el Parlamento, una de las instituciones más desprestigiadas del país.

Muchos ecuatorianos ven la crisis con indiferencia, otros consideran inédito que alguien se enfrente al Parlamento, mientras algunos más hacen llamados al diálogo, con visos de posible claudicación, al anunciar Jorge Cevallos, presidente del Parlamento, la posibilidad de revisar la medida contra Acosta.

En medio del enredo político, el proceso para la consulta popular continúa con el avance del diseño de las papeletas de votación.

No obstante, una nueva interrogante a la situación política ha surgido con la posibilidad de que el Tribunal Constitucional falle sobre la demanda de inconstitucionalidad de la convocatoria de la consulta, después de que ésta se realice.