Ex funcionario de Sao Paulo admite que gobierno negoció con mafia

El ex secretario de Prisiones de Sao Paulo Nagashi Furukawa admitió que el gobierno de ese estado brasileño "negoció" con las mafias que hace dos semanas desataron una ola de violencia que causó al menos 133 muertos.
En una entrevista publicada por la agencia Folha on Line hoy, un día después de su renuncia al cargo, Furukawa reconoció que las autoridades aceptaron enviar una abogada hasta una prisión para negociar con el cabecilla del Primer Comando de la Capital (PCC), una banda mafiosa responsable por la ola de violencia.
"Claro que hubo negociación", dijo Furukawa, quien admitió que la letrada fue trasladada por las propias autoridades hasta el presidio donde cumple su condena Marcos Willians Herbas Camacho, conocido como "Marcola", el líder de la organización mafiosa nacida hace 13 años en los penales de Sao Paulo.
El ex funcionario no aclaró los términos de la negociación que puso fin a los ataques del PCC en las calles de Sao Paulo, aunque aseguró que el Estado "no aceptó condiciones".
Furukawa confirmó también que los jefes del PCC recibieron información filtrada de una sesión del Congreso, días antes de que estallara la rebelión, sobre un traslado de presos que las autoridades planeaban.
Esos traslados, que supusieron cambiar de prisión a unos 700 integrantes del PCC, fueron el detonante de la violencia que se desató en unos 80 presidios y que luego se expandió por las calles del corazón financiero de Brasil durante cuatro días.
Según las autoridades, la información llegó gracias a que dos abogados de presos del PCC sobornaron a un técnico del Congreso, que había grabado una sesión secreta de una comisión que investiga el tráfico de armas, en la cual se habló sobre esos traslados de reclusos a otras prisiones.
La ola de violencia desatada por el PCC fue respondida con rigor por la Policía, a la que organismos humanitarios han acusado de numerosos abusos durante los días que duró lo que la prensa local calificó de "guerra urbana".
Las sospechas de los movimientos de derechos humanos se hicieron más agudas tras la negativa de las autoridades de Sao Paulo a identificar a las personas muertas en los supuestos enfrentamientos con la Policía durante esos días.
Según las cifras oficiales, a consecuencia de la violencia desatada por el PCC murieron 41 efectivos de seguridad, cuatro civiles y 79 supuestos delincuentes, así como nueve presos.
Sin embargo, los organismos humanitarios creen que muchos de esos supuestos delincuentes pudieron ser personas inocentes ejecutadas por presuntos "escuadrones de la muerte" policiales.