Procuraduría, Contraloría y Fiscalía "le ponen el ojo" al Incoder

Los principales órganos de control del Estado, la Procuraduría y la Contraloría, asi como la Fiscalía General iniciaron acciones simultáneas y dentro de sus respectivas competencias en materia disciplinaria, fiscal y penal para destapar, aclarar y sancionar la serie de irregularidades denunciadas y encontradas en el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder.
Según la Fiscalía, varios de los bienes incautados habrían sido adjudicados a testaferros.
El jefe del Ministerio Público, Edgardo Maya Villazón reveló que ese organismo encontró situaciones irregulares o malos manejos en la adjudicación de tierras confiscadas a supuestos desplazados.
El procurador se refirió concretamente a casos descubiertos en el Meta en donde varias hectáreas de tierras fueron adjudicadas a personas con títulos de propiedad registrados, a gentes dueñas de establecimientos comerciales inscritos en las cámaras de Comercio de Villavicencio y otros municipios del departamento o a personas que fueron procesadas por la Fiscalía por invasoras de predios.
El Procurador informó que con el Ministerio de Agricultura se hará una revisión total de las adjudicaciones realizadas . "Es más. En el caso del Meta hay una cantidad de revocatorias de adjudicaciones", subrayó.
El Fiscal General, Mario Iguarán informó que ese organismo adelanta cuatro procesos sobre el Incoder dos de ellos relacionados con la adquisición de tierras y otro con su adjudicación. "Daremos respuesta pronto a esta situación", señaló el Fiscal.
"Tenemos elementos para insinuar que entre otras se le adjudicaron bienes a testaferros de las personas a quienes les habíamos incautado esos bienes", señaló el fiscal general.
El contralor general, Antonio Hernández Gamarra, dijo que ese organismo iniciará de inmediato, con base en la información suministrada por la Procuraduría, las acciones pertinentes. El contralor dijo que por el hecho de estar las tierras adjudicadas en usuarios que no tenían derecho, podría presentarse, en principio, una desviación de recursos que fiscalmente será investigado para determinar si eventualmente podría haber detrimento patrimonial. En el caso de Finagro, el contralor informó no se ha iniciado ninguna acción.