Detenida la esposa del torero Jesulín de Ubrique por fraude

La esposa del torero Jesulín de Ubrique, María José Campanario, junto con otras nueve personas, han sido detenidas por la Guardia Civil como presuntos implicados en una trama dedicada a la falsificación de documentos para conseguir incapacidades laborales, informó este cuerpo policial.
Los detenidos estarían implicados, según las fuentes, en los delitos de fraude a la Seguridad Social para la concesión de pensiones por incapacidad laboral, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental.
María José Campanario, personaje habitual de las llamadas "revistas del corazón", está "directamente implicada en la trama" según las fuentes.
La esposa del diestro, uno de los más famosos de España, fue detenida este mediodía y trasladada para prestar declaración a la Comandancia de la Guardia Civil de Jerez de la Frontera (Cádiz), mientras que el resto de detenidos pasaron a primeras horas a disposición judicial.
Entre los arrestados en la "operación Karlos" se encuentran un
conocido empresario de la localidad de Ubrique (Cádiz), J.LL.F. y un inspector de la Unidad Médica de Valoración de Incapacidades, el organismo oficial que decide la concesión de las bajas laborales, además de tres médicos, dos funcionarios, un policía local y un trabajador que obtuvo la incapacidad laboral ilegalmente.
Las investigaciones se iniciaron en octubre de 2005, cuando la Guardia Civil descubrió que varias personas se beneficiaron de pensiones de invalidez tras conseguir bajas médicas que obtenían tras pagar 24.000 euros (28.800 dólares) a los implicados en esta trama, según este cuerpo policial.
La Guardia Civil estableció un dispositivo de localización y detención de los posibles implicados en esta trama, en la que se han intervenido varios ordenadores y abundante documentación que analizan los agentes.
Algunos de los detenidos en la operación "Karlos" podrían estar relacionados con la operación "Halcón", en la que se investiga una trama dedicada a la emisión y venta de facturas falsas a empresarios del sector de la piel en la provincia de Cádiz, un fraude que podría superar los 40 millones de euros (48 millones de dólares).