El Gobierno colombiano lamenta que la tardía explicación de la ley tuvo su "costo político"

Altos cargos del Gobierno colombiano lamentaron en Washington el "costo político" de su tardía explicación sobre la polémica ley de Justicia y Paz, pero aseguraron que ésta no es sinónimo de impunidad para los grupos armados.
El vicepresidente de Colombia, Francisco Santos y la canciller, Carolina Barco, iniciaron una ofensiva política a favor de la ley, que ha sido criticada por líderes del Congreso y defensores de los derechos humanos.
Ambos tienen previsto reunirse con altos cargos del Gobierno de EEUU, líderes demócratas y republicanos del Congreso y representantes de organismos no gubernamentales, para explicar "las bondades" de la ley aprobada el 22 de junio pasado.
"Nos demoramos, pagamos un costo político por demorarnos... pero ese es el trabajo que estamos haciendo aquí con la canciller y yo creo que el terreno perdido lo estamos recuperando", dijo Santos a los periodistas tras una reunión con el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, Nicholas Burns.
Ambos funcionarios también se reunieron con el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, Roger Noriega y con miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y este martes lo harán con representantes del grupo defensor de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW), uno de los más fuertes críticos de la ley.
La reunión con Burns ha permitido una conversación "muy abierta, muy clara, muy positiva" respecto a la ley y al tema sobre la certificación que debe enviar el Departamento de Estado al Congreso sobre la resolución de casos de violaciones de los derechos humanos en Colombia, según el vicepresidente colombiano.
Santos insistió en que el mensaje para los escépticos en Washington es que "queremos es que le den la oportunidad de mostrar sus bondades, que no la desechen de una vez porque no les gustó o porque plantean cosas equivocadas sobre esta, o porque están librando una batalla política".
La misión de estos emisarios es "poner la cara" y contar el alcance y contenido de la ley que, aseguró Santos, es "producto de un debate democrático que debe tener su espacio y escenario para ser explicada".
En ese sentido, criticó la actitud "obtusa y equivocada" de grupos opuestos a la ley, entre ellos Human Rights Watch, que consideran que la ley "deja intactas" las estructuras paramilitares y no asegura que habrá "justicia por las atrocidades".
Barco agregó que la demora se debió en parte a que la ley aún no había sido aprobada y que estaba pendiente la gira del presidente Alvaro Uribe a Europa la semana pasada.
Respecto a esa gira, la canciller colombiana dijo que en Europa, donde ha habido resistencia a respaldar los esfuerzos de desmovilización, existe "mucha desinformación".
Según Barco, existe una percepción, tanto en Europa como en algunos sectores políticos en Washington, de que es una "ley de impunidad", cuando en realidad se trata de "la primera de ley de un proceso de paz que prevé que haya juicios y penas".
Ambos funcionarios destacaron que la polémica en torno a ley no supone un peligro para la ayuda que da Estados Unidos al "Plan Colombia" contra el narcotráfico y los grupos armados irregulares.
Las reuniones de Santos y Barco en Washington son parte de una ofensiva política del Gobierno de Bogotá para recabar más apoyo a la ley, que busca la desmovilización de los grupos armados irregulares y su reinserción en la sociedad civil.
Según las autoridades colombianas, el proceso de desmovilización, que afectaría a alrededor de unos 18.000 paramilitares, lleva un costo de 160 millones de dólares.
Aparte de la gira de Uribe a Europa, el embajador Luis Alberto Moreno envió una carta a varios líderes del Congreso estadounidense para explicar, punto por punto, los pormenores de la ley de Justicia y Paz.
La gira de Santos y Barco se produce en momentos en que el Gobierno de Colombia ha autorizado la extradición de otros cuatro colombianos a EEUU -y uno más a España-, para responder por delitos relacionados con el narcotráfico y el secuestro.
Desde que empezó su gobierno, el 7 de agosto del 2002, Uribe ha autorizado la extradición de más de 350 personas, principalmente a Estados Unidos, y la mayoría por delitos relacionados con el narcotráfico.