Centenares de inmigrantes se manifiestan en España para pedir prórroga en el proceso de naturalización

Entre 300 y 400 inmigrantes, según la policía española, se manifestaron en Madrid para pedir la ampliación del proceso de regularización de trabajadores extranjeros que se desarrolla, hasta el próximo 7 de mayo, en España.
Los manifestantes también pidieron que se den soluciones a los extranjeros a quienes los empresarios se niegan a hacer un contrato laboral, requisito exigido por las autoridades españolas para legalizar la situación de empleados irregulares.
La marcha estaba apoyada por una docena de asociaciones de inmigrantes, vecinales y ecologistas de la región de Madrid.
Precedidos por un vehículo adornado con banderas de países latinoamericanos, los participantes corearon consignas a favor de la prórroga de la regularización, "a no ser explotados" por los empresarios, a una vida digna con "derecho a tener derechos" y en contra de la "venta de contratos" por parte de los empleadores.
Entre las pancartas se podían leer leyendas como "papeles crueles", "no más leyes negreras", "papeles de personas no de esclavos" y "ningún ser humano es ilegal".
Según explicó a EFE el portavoz de la Federación de Asociaciones SOS Racismo, Diego Lorente, el Gobierno español debería admitir "cualquier documento público" para empadronarse y poder demostrar, con efecto retroactivo, la estancia en España antes del 8 de agosto de 2004 (condición para acogerse al proceso de regularización).
Además de este último requisito y de estar en posición de un contrato laboral, el trabajador extranjero debe carecer de antecedentes penales en España y en su país de origen.
A juicio de Lorente, existe "mucha confusión y desorientación entre los inmigrantes porque las instrucciones no están claras y el recorrido burocrático del inmigrante llega a ser dramático".
Las organizaciones convocantes suscribieron un documento conjunto en el que afirman que el proceso de regularización es un "paso positivo, un intento de sacar a la luz parte de la economía sumergida, y de devolver su condición de personas a algunos de los trabajadores a ella sometidos. Pero es un paso insuficiente".
"Hay miles de inmigrantes que llevan años viviendo en España que no están empadronados, entre otras razones por miedo, ya que la última reforma de la ley de Extranjería abría la puerta a que la policía pudiese consultar esos datos y utilizarlos para expulsar a quien no tenía permiso de residencia", añade el documento.
Al final de la protesta, miembros de distintas asociaciones pidieron que sólo se exija el certificado de antecedentes penales de España y no del país de origen, ya que hay lugares "donde no se expide, donde el solicitante tiene que presentarse personalmente o donde no se respetan los derechos humanos y una persona crítica con el gobierno puede tener antecedentes por ese hecho".
Entre las organizaciones participantes en la manifestación se encuentran la Asociación Rumiñahui, Asociación Tangra, Colectivo de Refugiados Colombianos, Ecologistas en Acción, Hijos de Inmigrantes Sarabia, Infoguinea, la Asociación de Chilenos en España y ACSUR-Las
Segovias, entre otros.