Gobierno español entrega balance de la lucha contra ETA

Madrid - Un total de 9.150 personas relacionadas con la banda terrorista ETA han sido detenidas en los últimos 27 años en España (7.537) y Francia (1.613), según datos del Ministerio del Interior español.
La década de los ochenta fue en la que se produjo un mayor número de arrestos, con 837 detenidos entre ambos países en 1982.
Ochocientos cuatro presuntos etarras fueron detenidos en 1981 -de ellos 802 en España- y 750 en 1984, de los que 728 estaban en España.
En territorio francés, 1992 fue el año en el que las fuerzas de seguridad galas detuvieron a un mayor número de personas relacionadas con la banda terrorista, con 152.
Por el contrario, en 1999 sólo fueron detenidos 68 presuntos etarras en ambos países y de ellos 37 fueron arrestados en Francia.
Además, según un informe sobre "Operaciones contra el terrorismo autóctono/internacional, con participación de la Comisaría General de Información (CGI)" del Cuerpo Nacional de Policía española el número de detenidos de ETA en el último semestre de 2004 asciende a 35, de ellos 27 en España y 8 en Francia.
Junto a estos datos, hoy también se ha conocido un informe judicial que señala que ETA ha causado en España en la última década pérdidas económicas por valor de 8.000 millones de euros (unos 10.400 millones de dólares).
Estados datos figuran en un informe pericial encargado por el juez española Baltasar Garzón, que refleja datos de la década de 1994 a 2003 y forma parte del sumario en el que se trata de demostrar la responsabilidad civil en esos daños de la ilegalizada Batasuna, considerada el brazo político de ETA.
El estudio pericial, que publica hoy el diario español "El País", ha sido realizado por una decena de institutos oficiales.
Según este documento, "los etarras han originado al Estado un gigantesco desembolso en seguridad e indemnizaciones", entre otros gastos.
El informe valora pensiones a víctimas del terrorismo, indemnizaciones, pago de escoltas a personas amenazadas por ETA y la paralización de la central nuclear vasca de Lemóniz por diversos atentados.
El informe también incorpora, a título estimativo, los datos reflejados en dos estudios de profesores universitarios, de los que se desprende que la pérdida del Producto Interior Bruto (PIB) para el País Vasco por la actividad terrorista habría ascendido a casi 90.000 millones de euros (117.000 millones de dólares) entre 1994 y 2003.
Al margen de los datos oficiales, aportados por las instituciones, para el período comprendido entre 1970 y 1993 el dictamen pericial incorpora estudios ya publicados sobre la actividad de ETA en aquellos años.
Estos datos suponen otros 2.890 millones de euros (3.700 millones de dólares) de costes derivados de secuestros, extorsiones y otros sabotajes contra importantes infraestructuras.
El informe elaborado para el juez Garzón se apoya en estudios de diversas universidades, y singularmente en el informe titulado "ETA: Estrategia organizativa y actuaciones entre 1978 y 1992", editado por la Universidad del País Vasco.